La policía federal de Bélgica registró este jueves la sede del gigante tecnológico chino Huawei en Bruselas y los domicilios de varios de sus lobistas por sospechas de que podrían haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva con miembros del Parlamento Europeo.

Una investigación de los diarios belgas Le Soir y Knack junto a los medios de investigación ‘Follow the Money’ y ‘Reporters United’ reveló que a primera hora de esta mañana se han registrado 21 domicilios en Bruselas, Valonia, Flandes y Portugal y que habría una quincena de eurodiputados (actuales y antiguos) involucrados en el caso, según sospechan los investigadores.

Según confirmó la Fiscalía Federal belga en un comunicado, varios empleados de la compañía china habrían sido detenidos en una operación que ha involucrado a un centenar de agentes de policía y en la que se han incautado «varios documentos y objetos» que serán analizados en profundidad.

Sin mencionar a Huawei por su nombre, la Fiscalía señala que los delitos se produjeron entre 2021 y la actualidad «bajo la apariencia de ‘lobby’ comercial y adoptando diversas formas, como la remuneración por cargos políticos o regalos excesivos, como comida, gastos de viaje o invitaciones regulares a partidos de fútbol».

El objetivo de estas actividades de presión, según los medios que publican la investigación, sería contrarrestar los intentos de Estados Unidos para excluir a las compañías de telecomunicaciones chinas de mercados sensibles, así como para abogar por que el mercado europeo se abra a compañías chinas.

«Los beneficios financieros vinculados a la presunta corrupción pueden haber sido mezclados en flujos financieros relacionados con gastos de conferencias y pagados a diversos intermediarios, con el objetivo de ocultar su naturaleza ilícita o permitir a los autores eludir las consecuencias de sus actos. Desde esta perspectiva, la investigación también está tratando de identificar elementos de blanqueo de capitales, en su caso», dijo la fiscalía federal belga.

Por el momento, el Parlamento Europeo no ha recibido ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad ni se han producido registros en sus sedes. Una portavoz de la Eurocámara señaló a EFE que han tomado nota de las informaciones publicadas en prensa y que la institución «siempre coopera plenamente» con las autoridades judiciales cuando se le requiere.

Preguntado por el caso durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, no entró a comentar los registros y detenciones pero subrayó que la Comisión Europea ya recomienda desde 2023 que los Estados miembros «restrinjan o excluyan» a Huawei de sus redes 5G.

«La seguridad de nuestras redes 5G es crucial para nuestra economía. La Comisión ha evaluado que Huawei representa un mayor riesgo material que otros proveedores (…). Urgimos a todos los Estados miembros a actuar porque una falta de reacción rápida podría exponer a la UE en su conjunto a un riesgo claro», señaló Regnier.

La Eurocámara precinta despachos de asistentes por conexión

El Parlamento Europeo precintó las oficinas de dos asistentes parlamentarios en la sede de la institución en Bruselas a petición del juez.

En un comunicado, la Fiscalía Federal belga cita por primera vez a Huawei como la empresa involucrada en la situación tras informar esta mañana de que había registrado los domicilios de varios lobistas.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sido informada de la solicitud de precintado de los despachos en Bruselas y su portavoz señaló que la institución cumplirá «rápida y plenamente» con la solicitud de cooperación de las autoridades belgas para ayudar en la investigación.

Ni la Fiscalía ni la Eurocámara han identificado de momento a los dos asistentes ni a ninguno de la «quincena» de eurodiputados que, según creen los investigadores, estarían involucrados en el caso.

De tratarse de algún eurodiputado con mandato activo, el juez debería solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad antes de poder procesarle, siempre que no sea sorprendido en flagrante delito.