Tegucigalpa, 21 de mayo de 2025 – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro Asistencial Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia administrativa ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) exigiendo una auditoría e investigación sobre posibles irregularidades en la gestión, uso y rendición de cuentas de los fondos asignados al Congreso Nacional entre 2022 y 2024.

La denuncia se basa en el informe “Abuso y opacidad: el verdadero Congreso del pueblo”, que revela serias anomalías en los procesos de compras y contrataciones del Poder Legislativo.

Según el documento, el Congreso no reportó su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para 2022 en el portal de transparencia ni en la plataforma de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Aunque se presentaron PACC para 2023 y 2024, con montos de L 369 millones y L 535 millones respectivamente, estos no cumplen con los estándares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni con las normativas de ONCAE.

ASJ solicitó detalles de los PACC y procesos de adquisición, pero el Congreso remitió únicamente a su portal de transparencia, donde la información no está disponible. Esto deja sin justificación clara el destino de más de L 824 millones en compras y contrataciones.

Además, se identificó un uso recurrente de compras menores, sumando L 95 millones, con un patrón de fraccionamiento en contratos, especialmente en compras semanales de alimentación para seguridad por L 13.6 millones, práctica que contraviene la normativa de planificación y transparencia.

El informe también destaca que, de 14,083 compras menores realizadas, solo 21 fueron reportadas en Honducompras, omitiendo información sobre oferentes no adjudicados.

Asimismo, se detectó la canalización de recursos a través de 50 unidades ejecutoras, incluyendo diputados y bancadas, en lugar de las siete autorizadas, lo que dificulta la trazabilidad y control de los fondos.

ASJ condena la opacidad, la negación de información y las respuestas evasivas del Congreso, que atentan contra el derecho ciudadano a participar en la gestión pública y debilitan la democracia. La organización urge al TSC investigar estas irregularidades para garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, esenciales para sectores como salud, educación y seguridad.