En medio de creciente incertidumbre migratoria, una demanda federal interpuesta esta semana ante la Corte del Distrito Norte de California busca frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, una medida impulsada por la administración del expresidente Donald Trump que amenaza con deportar a decenas de miles de personas.

La demanda fue presentada por la Alianza Nacional del TPS y siete beneficiarios individuales, entre ellos Jhony Silva, un hondureño que llegó a Estados Unidos cuando tenía tres años y hoy trabaja en un hospital. “Estoy devastado. He hecho todo bien. Ahora puedo perderlo todo, pero hay que luchar para revertir esta decisión”, dijo Silva.

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunciada por la funcionaria Kristi Noem, afectaría a más de 60,000 hondureños y nicaragüenses que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos por más de dos décadas bajo el amparo del TPS.

Los demandantes alegan que la cancelación viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no considerar adecuadamente la inseguridad y vulnerabilidad que aún enfrentan los países beneficiarios. Además, la mayoría de los beneficiarios tiene hijos ciudadanos estadounidenses y no conocen otra vida fuera de Estados Unidos.

“El gobierno de Trump declaró una guerra contra el TPS y pone en peligro a cientos de miles de vidas”, declaró Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. El impacto también es económico: el 94 % de los beneficiarios en edad laboral están empleados y aportan más de 2,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.

Aunque la Corte Suprema ya permitió el fin del TPS para otros países como Venezuela, las organizaciones aún mantienen la esperanza de revertir la medida antes de que surta efecto en septiembre de 2025. Para muchos, el TPS no es solo un permiso temporal, sino la base de una vida construida con esfuerzo y arraigo.