Un escándalo de corrupción y narcotráfico ha estremecido a Costa Rica, con repercusiones que alcanzan a Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, según una investigación liderada por la DEA.

El epicentro del caso es Celso Gamboa Sánchez, exministro de Seguridad costarricense (2014-2015), capturado el pasado 23 de junio en San José, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por presunta conspiración para traficar y distribuir cocaína hacia territorio estadounidense.

La investigación lo señala como el coordinador de una red de narcotráfico internacional conectada al Clan del Golfo de Colombia y al poderoso Cártel de Sinaloa de México. Según la DEA, Gamboa facilitaba la recepción de cargamentos de cocaína en las costas del Pacífico y Atlántico de Costa Rica, los cuales eran almacenados y posteriormente enviados a Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

Informes de inteligencia señalan que el exfuncionario aseguraba tener influencias en el actual gobierno costarricense para permitir el paso de los cargamentos sin interferencias. Las autoridades estadounidenses también identificaron a otros funcionarios y figuras del sistema judicial costarricense involucrados en actividades delictivas relacionadas al tráfico y lavado de dinero.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalidad organizada en Costa Rica, país que ha adquirido relevancia como ruta de tránsito para cargamentos de cocaína destinados a Estados Unidos y Europa. Solo en 2024, las autoridades ticas incautaron 27 toneladas de esta droga, cifra récord que refleja el volumen de tráfico en aumento.

Además, el caso de Gamboa ha desencadenado investigaciones paralelas contra altos funcionarios, incluidos pedidos de levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves Robles por presunta corrupción.

Honduras aparece en el expediente como uno de los países clave en la ruta del narcotráfico que operaba desde Costa Rica, confirmando los nexos regionales de las redes delictivas y la urgencia de reforzar la cooperación regional en materia de seguridad y justicia.