La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua y Nepal por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha encendido una ola de rechazo legal en Estados Unidos. Un total de 15 fiscales generales estatales, encabezados por Kwame Raoul de Illinois, han interpuesto un recurso legal para frenar lo que consideran una medida “injusta y perjudicial”.

Los fiscales presentaron un escrito amicus curiae en el caso National TPS Alliance v. Noem, solicitando una medida cautelar urgente para suspender las cancelaciones y proteger a decenas de miles de personas amparadas bajo este estatus migratorio.

“Las personas con TPS huyen del trauma y las dificultades extremas, y ahora trabajan y contribuyen a sus comunidades en todo el país”, expresó el fiscal Raoul. “Me enorgullece pedirle al tribunal que preserve su estatus y evite que sus familias se separen”.

TPS: Una protección vital para miles

El TPS ha sido un amparo humanitario para miles de migrantes que escaparon de catástrofes naturales y conflictos, como el huracán Mitch (1998) o el terremoto en Nepal (2015). Aunque inicialmente fue concebido como una protección temporal, muchos beneficiarios han echado raíces en EE. UU., estableciendo familias, emprendimientos y vidas enteras.

Con la cancelación oficial del TPS para Nepal el 6 de junio, y para Honduras y Nicaragua el pasado 8 de julio, la amenaza de deportaciones masivas y separación familiar se ha vuelto inminente.

Familias en riesgo y economía en juego

Según los datos presentados en el recurso legal, más de 100,000 ciudadanos estadounidenses viven en hogares mixtos, donde uno de los padres o miembros del núcleo familiar tiene TPS. La eliminación del estatus no solo podría llevar a la deportación de estos individuos, sino también a la fragmentación de familias enteras.

Además, los fiscales alertan sobre las consecuencias económicas. En muchos estados, los beneficiarios de TPS ocupan empleos clave en sectores como agricultura, salud, servicios y construcción. Su salida forzada del país tendría un impacto negativo inmediato.

Llamado a frenar las deportaciones

El caso judicial marca un momento decisivo para miles de familias migrantes, especialmente centroamericanas, que podrían perder el único escudo legal que les ha permitido vivir y trabajar en Estados Unidos durante más de dos décadas.

Los fiscales esperan que su intervención judicial frene lo que califican como una medida arbitraria del gobierno federal. Mientras tanto, organizaciones pro migrantes mantienen la presión en los tribunales y en las calles, pidiendo al Congreso una solución permanente para quienes han hecho de Estados Unidos su hogar.