Washington, Estados Unidos – 30 de julio de 2025. La relación entre Estados Unidos y Brasil ha entrado en una fase crítica tras la oficialización por parte del presidente Donald Trump de una subida arancelaria del 50% a productos brasileños.

La medida, que entrará en vigor el próximo 6 de agosto, es vista como una represalia parcial por el juicio que enfrenta el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, una situación que Trump ha calificado de «persecución políticamente motivada».

El decreto presidencial estadounidense, que formaliza una amenaza anunciada a principios de julio, exceptúa productos clave para la economía brasileña como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles, fertilizantes, metales preciosos, pasta de celulosa y arrabio. Sin embargo, el café brasileño se encuentra entre los bienes que serán gravados con este significativo arancel suplementario.

Defensa de Bolsonaro y Acusaciones de Violación de Derechos Humanos

La Casa Blanca justificó la decisión alegando que las acciones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva «constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos».

Washington acusa a la administración brasileña de «persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados» contra Bolsonaro y miles de sus seguidores, calificando estas acciones como «graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil».

El presidente Trump también acusó a miembros del gobierno brasileño de haber «tomado medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido».

Sanciones al Juez Alexandre de Moraes

La escalada incluyó un ataque directo al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien la Casa Blanca ha convertido en un blanco de sus críticas.

El comunicado estadounidense lo acusa de «abusar de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia».

Horas antes de la publicación del decreto arancelario, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones económicas a Moraes bajo la ley Global Magnitsky, que castiga a quienes cometan o estén vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción. «Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegales contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Como resultado de estas sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Cabe recordar que en 2024, Moraes había ordenado el bloqueo temporal de plataformas como X y Rumble en Brasil por no cumplir con órdenes de eliminar cuentas acusadas de difundir desinformación.

La respuesta del presidente brasileño Lula da Silva, quien afirmó que defenderá la «soberanía del pueblo brasileño», augura una prolongación de la tensión diplomática entre ambas naciones.