El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras admitió este martes una denuncia presentada por el abogado Leonel Humberto Núñez Espinoza, en la que solicita que los medios de comunicación estatales se abstengan de difundir propaganda política a favor de la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

Uso indebido de medios públicos

La denuncia, interpuesta en causa propia, señala el presunto uso indebido de recursos públicos para favorecer la imagen de Moncada en medios como Canal 8, Radio Nacional y el periódico Poder Popular. Núñez argumenta que estos canales han transmitido discursos, giras y concentraciones políticas de la candidata oficialista, lo que constituye una violación directa a la Ley Electoral.

“El Gobierno está utilizando los medios estatales para inducir el voto a favor de una candidata, lo cual representa un abuso de los recursos públicos”, declaró Núñez en entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSi.

El CNE ha otorgado al denunciante un plazo de diez días hábiles para presentar las pruebas que respalden sus señalamientos. De comprobarse la falta, los directores de los medios involucrados podrían enfrentar sanciones administrativas, incluyendo la suspensión inmediata de sus cargos. En caso de configurarse el delito de abuso de autoridad, el expediente podría ser remitido al Ministerio Público.

🔴#LOÚLTIMO|➡️Admiten a tramite una denuncia en el CNE para que canales de comunicación del Estado se abstengan de trasmitir propaganda de la candidata oficialista, Rixi Moncada. pic.twitter.com/iI7N2zOpXJ

— TSiHonduras (@TSiHonduras) August 19, 2025

Reacciones y debate público

Mientras el vicecanciller Gerardo Torres defendió que los medios estatales deben garantizar cobertura a todos los candidatos, el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, calificó el hecho como “una campaña abierta” a favor de Moncada. Reyes denunció que incluso se han movilizado equipos de prensa para realizar cobertura con fines propagandísticos, lo que va más allá de una labor informativa.

Este caso reabre el debate sobre el uso de recursos públicos en campañas electorales y la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todos los aspirantes en el proceso democrático.