La Corte del Noveno Circuito del Distrito de San Francisco, California, ha ratificado que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños llegará a su fin el próximo 8 de septiembre de 2025, luego de rechazar una apelación presentada por organizaciones defensoras de migrantes que buscaban extender el beneficio.

«Se deniega la moción del gobierno para una suspensión de los procedimientos en el tribunal de distrito», dice un documento oficial.

El recurso fue presentado por la Alianza Nacional TPS, la cual proponía suspender la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos que afectaba a Honduras, Nicaragua y Nepal.

¿Qué es el TPS?

El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos armados o crisis extraordinarias residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un tiempo limitado. En el caso de Honduras, fue otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch, y ha sido renovado en múltiples ocasiones debido a la persistente inestabilidad social y económica.

Impacto de la cancelación

La decisión afecta directamente a más de 72,000 hondureños que han vivido en EE. UU. bajo esta protección. A partir del 8 de septiembre, perderán su autorización de empleo y quedarán expuestos a procesos de deportación si no logran regularizar su estatus migratorio.

Además del impacto humano, se estima que la salida de estos trabajadores podría costar a la economía estadounidense más de $164 mil millones en la próxima década, incluyendo pérdidas en aportes al Seguro Social y Medicare.

¿Qué opciones tienen los beneficiarios?

Expertos en migración recomiendan que los afectados busquen alternativas legales como la residencia por vínculos familiares, solicitudes de asilo o visas humanitarias. Sin embargo, el proceso es complejo y requiere asesoría especializada.

La cancelación del TPS también pone en riesgo el envío de remesas, que representan el 25% del Producto Interno Bruto de Honduras y son vitales para miles de familias en el país.

La audiencia judicial marca un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense y deja a miles de hondureños en una situación de incertidumbre. ¿Podrá surgir una solución legislativa antes de la fecha límite?