Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presenta requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula (SPS) y contra particulares, por su participación en una red de corrupción que, entre julio de 2023 y abril de 2024, causó un perjuicio económico superior a los 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOC S. de R.L., destinados para el mejoramiento vial.

La acusación es contra Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOC); a Steven Adolfo Fajardo Vargas, (yerno del actual alcalde municipal); a Josué David Fajardo Hernández (tío de Steve Fajardo) y a los representantes de las empresas que se coludieron para defraudar, entre ellos: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.

Este ataque contra mi familia, es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. 🇭🇳 La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia. Ya este ataque político lo esperábamos. Hago un llamado a todo el pueblo hondureño a mantenerse vigilante.…

— Roberto Contreras (@RobertoContreM) September 23, 2025

Además, se acusa a ex y actuales funcionarios: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos); Walter Cartagena Villagra (exdirector del departamento de Vías). Se imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.

Según las investigaciones, los empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a HERCOC, mientras que las demás sociedades participarían solo como “relleno” para simular legalidad. La empresa HERCOC también incumplió requisitos esenciales, pues no presentó garantía de anticipo de fondos ni la nómina de personal técnico encargado de ejecutar las obras. Otras irregularidades encontradas, es que los imputados fragmentaron los contratos para eludir los procedimientos de contratación pública de privada, adjudicando 26 por contratación directa y 7 por licitación privada.

🚨🗣️#LOÚLTIMO | “Esperábamos estos ataques por parte del MP… Ellos están atacando la parte que más me duele, que es mi familia. Esto es una acción directa de Libertad y Refundación”

Roberto Contreras, alcalde de SPS. pic.twitter.com/4cWgKaXAVV

— TSiHonduras (@TSiHonduras) September 23, 2025

De acuerdo a los hechos, los funcionarios municipales autorizaron los pagos a HERCOC sin que ésta presentara los informes de avance o de finalización de obras, ni verificaron el cumplimiento de las especificaciones. En las investigaciones se verificó que en algunos contratos no se especificó la cantidad de los tramos a reparar, mientras que otros proyectos no se ejecutaron, entre ellos la reparación del complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El Merendón, donde no existe evidencia de que ingresara maquinaria.

Del texto de la imagen, se extrae el siguiente contenido:

**Texto extraído:**

Otro de los hallazgos en la investigación es que el imputado Steve Adolfo Fajardo Vargas, sin ser funcionario municipal, sostuvo reuniones con Osman Chávez, entonces gerente de Infraestructura y con representantes de las empresas que simularon competir como oferentes. También se identificó que Luis Fernando Hernández Portillo ha sido socio de familiares directos de Fajardo Vargas, vínculos que este último aprovechó para obtener beneficios y ventajas indebidas de los contratos suscritos.

Las acciones anteriores propias de un supuesto delito de tráfico de influencias se materializaron posteriormente en operaciones de lavado de activos, ya que, una vez que la alcaldía municipal pagó el total de los 33 contratos a la empresa HERCOD, la representante legal Olga Estela Ávila Ortega los transfería a otras cuentas en las que ella y su esposo, Luis Fernando Hernández Portillo, tenían firma autorizada. Posteriormente, Hernández Portillo realizó múltiples transferencias por un valor superior a los 5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo Hernández, quien, a través de terceras personas, entregaba el dinero en efectivo a su sobrino, Steve Fajardo, con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos.