El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, presentó este jueves su plan de ordenamiento territorial y movilidad urbana para reducir el congestionamiento vial en la capital hondureña. La propuesta principal: implementar el teletrabajo en un 70 % de empleados públicos y privados durante la temporada navideña.

La medida busca disminuir la carga vehicular en horas pico entre octubre y diciembre, con la expectativa de reducir el tráfico en un 25 %, según explicó el edil. El plan contempla además la intervención de 500 agentes de movilidad urbana en los 41 puntos críticos de circulación en Tegucigalpa y Comayagüela.

Aunque el alcalde reconoció el abandono histórico en la planificación urbana de la capital, su administración ha sido señalada por falta de acción concreta y escasa ejecución de proyectos estructurales. A pesar de haber heredado una red vial deteriorada, Aldana no ha logrado implementar soluciones visibles ni sostenibles.

Durante su gestión, se han anunciado planes como el segundo anillo metropolitano, un sistema de transporte público integral y un proyecto logístico en Amarateca para desviar el tráfico pesado. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha pasado de la etapa de propuesta.

La presentación del plan de movilidad ocurre en medio de cuestionamientos por parte de diversos sectores ciudadanos que consideran que la administración de Aldana ha dejado mucho que desear. A pesar de los resultados limitados, el alcalde ha manifestado su intención de buscar la reelección, lo que ha generado reacciones mixtas entre votantes y analistas políticos.

“La ciudad creció a la buena de Dios, sin un norte claro”, declaró el edil, al tiempo que responsabilizó a administraciones anteriores por inversiones millonarias que no resolvieron el problema del tráfico. Según Aldana, se destinaron 6,500 millones de lempiras en obras que no ofrecieron soluciones reales.

La propuesta de teletrabajo, aunque viable en ciertos sectores, ha sido vista por expertos como una medida paliativa que no aborda las causas profundas del desorden vial. Además, su implementación dependerá del consenso con instituciones públicas y privadas, sin garantías de cumplimiento ni mecanismos de fiscalización.