A tan solo 40 días de las elecciones generales en Honduras, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta una nueva crisis institucional.

Este lunes, el magistrado Mario Morazán se ausentó de forma estratégica a la sesión convocada a las 8:00 a.m., impidiendo la instalación del pleno y dejando en suspenso la resolución de varios expedientes clave, entre ellos la apelación presentada por el diputado Jorge Cálix, quien busca ser inscrito como candidato por el departamento de Olancho.

El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, denunció públicamente que Morazán llegó una hora y media tarde con un escrito de recusación en su contra, presentado por un ciudadano no identificado.

Según Flores, el magistrado se negó a someter el documento a discusión, lo que ha paralizado las labores del tribunal. “No ha tenido la valentía de sentarse para que conozcamos ese recurso. Prácticamente el TJE está paralizado”, afirmó.

La recusación y el expediente Cálix

La sesión tenía como objetivo definir la asignación de ponencias, es decir, determinar qué magistrado elaborará el auto de admisibilidad y la sentencia sobre los recursos pendientes.

Uno de ellos es el de Jorge Cálix, cuya inscripción fue denegada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ahora está bajo revisión del TJE. La resolución será inapelable y su retraso ha detenido la impresión de boletas electorales en Olancho.

Morazán, por su parte, negó que exista un conflicto interno y aseguró que su actuación responde al cumplimiento estricto de la ley. Rechazó participar en sesiones virtuales, alegando que no están reglamentadas para casos jurisdiccionales complejos.

“No podemos poner en riesgo el calendario electoral. Los magistrados debemos estar en nuestros puestos de trabajo, así sea sábado o domingo”, declaró.

La controversia ha generado preocupación entre observadores electorales y partidos políticos, quienes temen que el TJE no logre emitir resoluciones clave a tiempo.

La falta de consenso entre los magistrados podría afectar la transparencia y el desarrollo del proceso electoral, especialmente en departamentos donde aún no se han definido candidaturas.

El caso de Cálix, figura visible del Partido Liberal, se ha convertido en un punto de tensión política y jurídica, mientras el país se prepara para unos comicios marcados por la polarización y la desconfianza institucional.