Ciudad de Guatemala.- El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo volvió a denunciar este domingo lo que calificó como un nuevo intento de “golpe de Estado” impulsado desde el Ministerio Público, en medio de una escalada de tensiones con la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana.

En un mensaje televisado desde el Palacio Nacional, acompañado por miembros de su gabinete y legisladores de su partido, Arévalo acusó a Porras y Orellana de promover acciones judiciales que buscan despojar de sus cargos a autoridades electas, incluyendo a la vicepresidenta Karin Herrera, 23 diputados, alcaldes y al propio mandatario. “Estamos frente a una ofensiva que pretende desmantelar la voluntad popular y quebrar el orden constitucional”, advirtió.

La controversia se intensificó tras una resolución judicial que ordena al tribunal electoral anular el grupo promotor del partido Semilla, lo que Arévalo interpreta como un intento de invalidar los resultados de las elecciones de 2023, en las que obtuvo la presidencia.

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación y exigió respeto a la decisión democrática del pueblo guatemalteco. Arévalo solicitó una sesión extraordinaria del organismo para denunciar lo que considera “graves amenazas” contra la institucionalidad democrática.

Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y abuso de poder, ha sido señalada por el presidente desde antes de su investidura como parte de una estrategia para impedir su llegada al poder. La fiscalía respondió en redes sociales calificando de “infundadas” las acusaciones y reafirmó que “las investigaciones seguirán sin interferencias políticas”.

Arévalo, quien no tiene facultades legales para destituir a Porras —cuyo mandato se extiende hasta mayo de 2026— ha promovido iniciativas legislativas para removerla del cargo. Por su parte, la fiscal ha solicitado en varias ocasiones el retiro de la inmunidad presidencial para investigarlo por presunta corrupción, aunque los tribunales aún no han resuelto esas peticiones.

El mandatario advirtió que el objetivo de sus adversarios es “perpetuar la impunidad” y “cerrar el camino a elecciones libres en 2027”, mientras llama a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante lo que considera una amenaza directa a la democracia guatemalteca.