Ante la reciente filtración y divulgación pública de audios que involucran a actores electorales, reconocidos abogados hondureños han advertido sobre una preocupante instrumentalización del sistema judicial, señalando que se estarían vulnerando principios constitucionales y utilizando al Ministerio Público como herramienta de presión política.

El abogado Kenneth Madrid calificó los audios como “prueba ilícita”, al no contar con autorización judicial para su obtención. “Es lamentable que con prueba ilícita se presione a la clase política por los medios, porque eso solo demuestra que estamos ante una desfiguración total del sistema penal”, afirmó.

🚨🗣️“Es prueba ilícita y ni siquiera llega a ser un elemento probatorio.” (sobre audios revelados por el MP) — Oliver Erazo, abogado constitucionalista. pic.twitter.com/kPx4UIlsR4

— TSiHonduras (@TSiHonduras) October 29, 2025

Por su parte, el jurista Oliver Erazo citó el artículo 100 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, y advirtió que cualquier autoridad que actúe sin orden judicial incurre en responsabilidad penal conforme al artículo 321 constitucional. “El fiscal general está cometiendo delito en este momento… y un juez que se preste a esto también”, sentenció.

Instrumentalización con fines políticos

El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, lamentó que se esté “instrumentalizando la justicia en nuestro país” y denunció que la legislación diseñada para combatir el crimen organizado está siendo utilizada con fines “estrictamente políticos”. A su juicio, se han vulnerado derechos y garantías fundamentales de los involucrados.

Los juristas también alertaron sobre la posibilidad de que se emitan órdenes de captura contra magistrados y consejeros electorales sin agotar el procedimiento de antejuicio, lo cual sería inconstitucional. “El antejuicio es una protección para los jueces, para evitar que sean procesados al antojo de un ente de acusación criminal”, explicó Madrid.

Canales coincidió en que los funcionarios con fuero no pueden ser arrestados sin cumplir con las instancias legales correspondientes. Emitir capturas en estas condiciones, advirtió Madrid, “reflejaría un sistema con rasgos de autoritarismo fuerte”.

¿Objetivo político detrás de los audios?

Los abogados coincidieron en que la filtración de los audios responde a una estrategia de “lawfare” —una guerra judicial— para neutralizar a la oposición y debilitar la institucionalidad democrática. Erazo calificó el proceso como una “tragicomedia” y Canales lo interpretó como parte de una “planificación muy clara” para desacreditar a los órganos electorales en un contexto de crisis política y cercanía de elecciones.

Madrid concluyó que, si el Ministerio Público continúa con el proceso, “solo estará corroborando la tesis de que está siendo monopolizado por una clase política”, lo que evidencia un deterioro profundo de la institucionalidad en Honduras.