Este martes al mediodía, un grupo de jóvenes identificados como simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal se presentó ante el Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, portando una memoria USB con supuesta evidencia audiovisual que involucra a varios funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) en presuntas irregularidades que afectarían el proceso electoral.

Denuncias contra exfuncionarios y actuales autoridades

Según los denunciantes, el material entregado contiene audios y videos que comprometerían a:

• Un exsecretario del Congreso Nacional
• Una actual diputada de Libre
• Un exministro del actual gobierno
• El Fiscal General, Johel Zelaya

#HCHNoticias | 🔴¡𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢!🔴Miembros de la Juventud Nacionalista llegan a interponer tres denuncias ante el Ministerio Público por boicot del proceso electoral y exigen al fiscal general, Johel Zelaya que sea imparcial en la justicia.

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— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 4, 2025

Los jóvenes exigieron que el Fiscal General brinde en un plazo de 24 horas los nombres de los funcionarios implicados en los tres casos denunciados. “Así como el fiscal Zelaya fue diligente al publicar los audios entregados por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, esperamos el mismo trato con esta denuncia”, expresó uno de los voceros.

Los denunciantes solicitaron que el MP realice un peritaje técnico del contenido de la USB y garantice la cadena de custodia del material, al considerar que se trata de evidencia sensible que podría tener implicaciones legales y políticas.

“Esperamos que en un plazo de 24 horas el fiscal general publique los nombres de las personas denunciadas, caso contrario procederemos nosotros a divulgarlo públicamente”, advirtió uno de los jóvenes frente a la sede del MP en la residencial Lomas del Guijarro.

Durante su comparecencia, el grupo también expresó su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes —según afirmaron— han sido objeto de ataques injustificados en el contexto de las tensiones dentro del órgano electoral.

La acción se produce en un ambiente de creciente polarización política y cuestionamientos sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral. El Ministerio Público no ha emitido aún una respuesta oficial sobre la denuncia ni sobre el contenido entregado.