EE.UU. niega residencia a extranjeros con problemas de salud y edad avanzada


El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una nueva directriz migratoria que ordena negar la residencia a extranjeros con condiciones médicas crónicas o edad avanzada, bajo el argumento de que podrían representar una carga pública para el país.

La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, fue enviada por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, instruyendo a los funcionarios migratorios a considerar como inelegibles a solicitantes con afecciones como obesidad, diabetes, hipertensión, apnea del sueño y otras enfermedades que requieran atención médica prolongada y costosa.

Además, se establece que los solicitantes deben demostrar que pueden costear sus tratamientos sin recurrir a asistencia del gobierno estadounidense. También se evaluará la salud de familiares cercanos, incluidos hijos y padres mayores, como parte del análisis migratorio.

Edad como factor de exclusión

La nueva política también considera la edad avanzada como un criterio de exclusión, argumentando que las personas mayores tienen mayor probabilidad de depender de programas de asistencia social. Esta disposición revive elementos de la regla de “carga pública” que habían sido eliminados durante la administración de Joe Biden, y que ahora se retoman como parte de una política migratoria más restrictiva.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y migrantes han expresado preocupación por el impacto de esta medida, señalando que podría discriminar a personas vulnerables y limitar el acceso a la residencia legal por razones ajenas a su comportamiento o historial migratorio.

La directriz refuerza una visión utilitaria del sistema migratorio, priorizando la autosuficiencia económica y la salud como requisitos fundamentales para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Este cambio se enmarca en una serie de ajustes migratorios que buscan reducir el ingreso de personas consideradas como potenciales beneficiarias de programas sociales. La medida podría afectar a solicitantes de diversas nacionalidades, especialmente aquellos provenientes de países con sistemas de salud precarios o sin acceso a seguros médicos internacionales.

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