Tegucigalpa, Honduras — Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, fueron citados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, para comparecer a una audiencia de declaración de imputado el próximo martes 18 de noviembre a las 2:00 p.m., en la sala de prensa de la CSJ.

La citación judicial advierte que si alguno de los magistrados no se presenta, se librará orden de captura inmediata, en cumplimiento del debido proceso penal. Ambos funcionarios enfrentan una acusación formal del Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de prevaricato judicial, en perjuicio de la administración pública.

Según el requerimiento fiscal, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano tras emitir una opinión pública sin haber conocido formalmente el expediente completo, relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional.

El MP sostiene que el 27 de octubre, Flores Urrutia y Barahona resolvieron el recurso de forma irregular y arbitraria, sin conformar el quórum legal ni seguir el procedimiento establecido por la Ley Orgánica y Procesal Electoral. Entre las omisiones señaladas figuran:

• No formar una pieza separada para la recusación.
• No notificar al magistrado recusado.
• No suspender temporalmente el expediente.
• No convocar a un magistrado suplente.

Sentencia sin quórum y violación de procedimiento

El 28 de octubre, los magistrados dictaron una sentencia definitiva que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir de inmediato a los dos ciudadanos, pese a que el TJE no estaba debidamente integrado. La ley exige la presencia de los tres magistrados propietarios o, en su defecto, de dos propietarios y un suplente para que el pleno pueda sesionar y emitir resoluciones válidas.

La presidenta de la CSJ será la encargada de conocer el expediente judicial, en cumplimiento de las disposiciones administrativas vigentes. El caso ha generado debate jurídico y político, especialmente por la interpretación de las prerrogativas de los magistrados del TJE y la legalidad del procedimiento seguido por el MP.

El Ministerio Público ha defendido la solidez del requerimiento, asegurando que cuenta con pruebas documentales y testimoniales que respaldan la acusación. Mientras tanto, sectores políticos y jurídicos han pedido garantías de imparcialidad y respeto al debido proceso.