Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2025. Un grupo de académicos y expertos en derecho constitucional, penal, internacional y derechos humanos concluyó que el proceso electoral de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 se desarrolla en un contexto de ruptura constitucional material, resultado de:

• El cierre irregular del Congreso Nacional.
• La instrumentalización del Ministerio Público.
• La omisión del Poder Judicial en el control constitucional.
• La expansión militar del Ejecutivo.

Estos factores, señalaron, han deteriorado el sistema democrático, vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por Honduras, con riesgos de regresión autoritaria.

 Declaraciones

La abogada constitucionalista Ruth Lafosse advirtió este lunes que “el poder institucional ha descubierto que puede controlar el origen del poder soberano: el voto”, en referencia a la crisis constitucional que atraviesa Honduras, marcada por la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Lafosse subrayó que el equilibrio de poderes es indispensable para garantizar la libertad ciudadana en las elecciones:

“Solo siendo libres, demócratas, solo garantizando el equilibrio de poderes y la separación de poderes y garantizando los controles constitucionales podemos lograr al final que el 30 de noviembre tengamos la libertad de ejercer el voto ciudadano”.

El jurista Kenneth Madrid, portavoz del grupo, indicó que la neutralización del Congreso Nacional constituye uno de los núcleos de la crisis, mientras que la desviación de poder en el Ministerio Público y la omisión del Poder Judicial han debilitado aún más los controles institucionales.

 Estado de excepción prolongado

Los expertos también alertaron sobre el estado de excepción vigente desde hace casi tres años, sin control legislativo ni judicial, que ha restringido derechos fundamentales como:

• Libertad de circulación.
• Libertad de expresión.
• Derecho de reunión pacífica.
• Debido proceso y participación política.

Este panorama, señalaron, es incompatible con la celebración de elecciones libres, genuinas y competitivas.

 Recomendaciones

Los juristas recomendaron:

• Reactivar de inmediato el Congreso Nacional y garantizar su funcionamiento legítimo.
• Evitar interferencias del Ministerio Público en el proceso electoral.
• Que el Poder Judicial resuelva con prontitud los recursos relacionados con el estado de excepción.
• Limitar el rol de las Fuerzas Armadas a funciones logísticas bajo supervisión civil.
• Solicitar observación internacional y auditorías independientes sobre el uso del estado de excepción, con acompañamiento de la ONU, OEA y Unión Europea.

El análisis jurídico concluye que solo mediante el restablecimiento del equilibrio entre poderes, el respeto a las garantías constitucionales y la sujeción de todas las instituciones a la ley, Honduras podrá preservar su democracia y asegurar la realización de elecciones libres y auténticas.