CNE descarta conteo voto por voto y ratifica que la ley no permite recuentos generales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la posibilidad de realizar un conteo voto por voto a nivel presidencial, al sostener que la legislación electoral vigente no autoriza recuentos generales ni automáticos de actas, sino revisiones puntuales sustentadas en causales objetivas y debidamente comprobadas.
Mediante un pronunciamiento jurídico suscrito por la consejera presidenta, Ana Paola Hall, y la consejera vocal, Cossette López, el organismo fijó su postura frente a solicitudes promovidas por el partido Libertad y Refundación (Libre), en las que se pedía un recuento amplio de actas correspondientes a las elecciones generales.
El CNE explicó que la Ley Electoral le otorga la atribución exclusiva de efectuar el escrutinio general definitivo con base en las actas de cierre elaboradas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Dicho procedimiento implica la verificación, suma y totalización de los resultados consignados, y constituye un mandato legal que no puede ser sustituido por recuentos indiscriminados.
Según el órgano electoral, los recuentos son mecanismos excepcionales que solo proceden cuando existen solicitudes debidamente fundamentadas o cuando el propio CNE detecta inconsistencias verificables, como errores aritméticos, fallas de transcripción o discrepancias entre el número de votantes y los registros del acta.
El pronunciamiento aclara que la normativa no contempla la reapertura generalizada de urnas ni un recuento nacional por el solo hecho de tratarse del nivel presidencial.
Por el contrario, cualquier revisión debe limitarse a JRV específicas y a los niveles electivos directamente afectados, conforme al procedimiento establecido en la ley.
Finalmente, el CNE advirtió que ordenar un conteo voto por voto sin sustento legal pondría en riesgo principios fundamentales del sistema electoral, como la legitimidad, la transparencia y la equidad, y reiteró que los recuentos son selectivos, regulados y condicionados a la existencia de pruebas concretas de irregularidades.


