Tegucigalpa. La tensión en el Consejo Nacional Electoral (CNE) escaló la noche de este martes luego de que la consejera Cossette López denunciara públicamente un presunto intento de bloquear la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025. Según afirmó, un consejero habría incurrido en apología del delito e incitación a acciones contrarias a la Constitución al promover gestiones para el secuestro de información electoral.

En un mensaje dirigido a periodistas, López subrayó que la prioridad inmediata del órgano electoral es proteger el material electoral, resguardar los archivos de datos procesados y ejecutar los respaldos técnicos del proceso. Señaló que la intención de solicitar al Ministerio Público el secuestro de documentación y sistemas constituye un intento directo de impedir que la declaratoria se realice en tiempo y forma, como establece la ley.

Sesión suspendida y denuncias internas

La consejera detalló que en la sesión del martes únicamente se discutió el informe de impugnaciones del nivel presidencial, y no la declaratoria de resultados, que no figuraba en la agenda. Indicó además que la consejera presidenta, Ana Paola Hall, votó a favor de la recomendación técnica, dejando constancia formal de su posición, mientras que el extenso documento leído por el consejero Marlon Ochoa —dijo— no guardaba relación con el voto en contra que emitió.

La sesión fue suspendida tras aprobarse por mayoría la recomendación que deniega las impugnaciones presentadas en el nivel presidencial. López recordó que, conforme a la ley, ninguna otra institución tiene facultad para emitir la declaratoria de elecciones, por lo que cualquier intento de interferencia externa constituye una amenaza al proceso.

“Somos atacadas por cumplirle a Honduras”, expresó, al advertir sobre presiones para forzar “otros escenarios” fuera del marco institucional.

Hall: “¿Quién gana si se impide la declaratoria?”

Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, alertó sobre maniobras orientadas a judicializar el proceso electoral en un momento crítico, a pocos días de que venza el plazo legal para la declaratoria oficial.

Hall confirmó que durante la sesión un consejero leyó una denuncia penal que plantea solicitar al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y del sistema informático, una acción que calificó de altamente riesgosa para la estabilidad institucional.

“¿Cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder?”, cuestionó la titular del órgano electoral, al advertir sobre las implicaciones políticas de paralizar el proceso.

La consejera presidenta afirmó que continuar judicializando las elecciones tendría “nefastas consecuencias para Honduras”, al poner en riesgo la voluntad expresada en las urnas y la continuidad democrática.

Llamado a la observación nacional e internacional

Ante el clima de incertidumbre, Hall hizo un llamado a las misiones de observación nacionales e internacionales, así como a la comunidad internacional, para que se mantengan vigilantes ante cualquier intento de obstaculizar la labor del CNE o interferir en la declaratoria.

Ambas consejeras coincidieron en que el órgano electoral continuará trabajando para cumplir los plazos legales, pese a las presiones y denuncias cruzadas que marcan la recta final del proceso