El gobierno de Nicaragua ordenó la liberación de alrededor de 60 presos políticos, en lo que diversos sectores consideran una respuesta directa a la presión diplomática ejercida por Estados Unidos en las últimas semanas.

Entre los excarcelados se encuentra el pastor evangélico Ruddy Palacios, originario del departamento de Carazo, así como varios de sus familiares, quienes permanecían detenidos desde meses atrás en el marco de las acciones represivas del régimen.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que la medida ocurre en un contexto de creciente aislamiento internacional y fuertes cuestionamientos a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la detención prolongada de opositores, líderes religiosos, activistas y ciudadanos críticos.

Aunque las autoridades nicaragüenses no han ofrecido detalles oficiales sobre las condiciones de la liberación, defensores de derechos humanos advierten que muchos de los excarcelados podrían continuar bajo restricciones, vigilancia o medidas cautelares.

La liberación ocurre después de que Estados Unidos advirtiera sobre consecuencias diplomáticas y económicas si el régimen no daba pasos concretos para frenar la persecución política y restaurar garantías democráticas.

Diversos gobiernos y organismos multilaterales han solicitado que Nicaragua avance hacia la liberación total de presos políticos y el restablecimiento de libertades fundamentales.

Analistas y organizaciones civiles consideran que, aunque la liberación de estas personas representa un alivio para sus familias, el país continúa enfrentando un grave deterioro institucional, marcado por la ausencia de garantías judiciales y la persistencia de detenciones arbitrarias.

La comunidad internacional mantiene la expectativa de que estas liberaciones sean el inicio de un proceso más amplio que permita restituir derechos y abrir espacios para el diálogo democrático en Nicaragua.