Tegucigalpa, 12 de enero de 2026 — El gobierno de Panamá y el Reino Unido se sumaron este domingo al creciente rechazo internacional contra el decreto impulsado desde el Congreso Nacional por Luis Redondo, que ordena un nuevo conteo general de votos de las elecciones del 30 de noviembre.

Ambos países exigieron el respeto a los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al presidente electo Nasry “Tito” Asfura.

Panamá se adhiere al bloque latinoamericano que cuestiona el decreto

El gobierno panameño confirmó que “se adhiere” al pronunciamiento conjunto de ocho naciones latinoamericanas que consideran ilegal la medida ordenada por el Ejecutivo hondureño.

“Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del CNE y afectando la institucionalidad democrática”, señala la declaración regional.

El bloque también expresó su “repudio” ante los episodios de violencia registrados contra la oposición y advirtió que cualquier intento de alterar la voluntad popular constituye una amenaza al orden democrático.

Reino Unido: “Honduras merece una transición pacífica y transparente”

El Reino Unido emitió un mensaje directo en el que reafirmó su reconocimiento a los resultados oficiales del CNE.

“El Reino Unido insta a respetar los resultados oficiales del @cnehonduras, que confirman a @titoasfura como Presidente electo, junto con diputados y alcaldías. Honduras merece una transición pacífica, segura y transparente. #DEMOCRACIA”, indicó su representación diplomática.

La embajada británica subrayó que Honduras necesita con urgencia una transición pacífica que garantice estabilidad tras unos comicios validados por misiones internacionales de observación.

Rechazo a un nuevo escrutinio

El país europeo enfatizó que los resultados que confirman a Asfura deben prevalecer frente a la petición del Gobierno de realizar un nuevo escrutinio “voto por voto” de más de 19.000 actas.

La diplomacia internacional concluyó que la orden de la presidenta Xiomara Castro afecta directamente la institucionalidad democrática, al desconocer la autonomía del CNE, que ya emitió la declaratoria oficial.