La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este martes admitir una medida cautelar que suspende de forma inmediata toda diligencia investigativa y prohíbe la presentación de un requerimiento fiscal contra la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

La decisión surge en el marco del amparo administrativo 0042-2026, promovido por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, quien actuó en representación de Hall en su condición de consejera propietaria del órgano electoral.

El origen del amparo

El recurso fue interpuesto contra actuaciones atribuidas al fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya, y al Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales. Según la defensa, las investigaciones penales en curso afectan directamente el ejercicio constitucional de Hall como integrante del CNE.

El escrito advierte que existía una amenaza real e inminente de que se presentara un requerimiento fiscal en cualquier momento, lo que —según el planteamiento jurídico— contravendría las garantías constitucionales que protegen a los altos funcionarios electos por el Congreso Nacional.

La argumentación sostiene que no puede ejercerse acción penal contra una consejera del CNE por actos vinculados estrictamente a sus atribuciones, sin que antes se haya agotado un juicio político y, de ser el caso, se haya producido su destitución conforme a la ley.

La resolución de la Sala Constitucional

Tras analizar los argumentos, la Sala de lo Constitucional resolvió:

• Declarar con lugar la medida cautelar solicitada.
• Ordenar al Ministerio Público suspender provisionalmente la interposición de un requerimiento fiscal, mientras no se haya cumplido el procedimiento de juicio político y únicamente si este concluye con responsabilidad y destitución.
• Notificar al MP en un plazo máximo de 24 horas para que se abstenga temporalmente de realizar investigaciones que puedan afectar el funcionamiento del CNE, especialmente en el contexto postelectoral reciente.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Sala resuelva el fondo del amparo o emita una orden distinta.

Un fallo que busca proteger la institucionalidad electoral

En declaraciones al noticiero Hoy Mismo, Solórzano señaló que la Sala advierte que permitir investigaciones penales sin los filtros constitucionales correspondientes podría alterar el equilibrio institucional, particularmente en un ambiente postelectoral sensible.

El abogado destacó que los funcionarios electos por el Congreso Nacional cuentan con garantías especiales para evitar que el sistema penal sea utilizado como mecanismo de presión política o interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales.

Según su valoración, la resolución busca preservar la independencia del CNE y evitar que sus autoridades enfrenten procesos que, sin el debido procedimiento, puedan comprometer la credibilidad y estabilidad del sistema democrático.

Cossette López denuncia “justicia selectiva”

Mientras la Sala resolvía a favor de Hall, la consejera vocal del CNE, Cossette López, denunció un trato desigual por parte del sistema judicial.

A través de un mensaje en la red social X, López afirmó que han pasado más de dos meses desde que presentó un amparo para la protección de sus derechos, sin que siquiera haya sido admitido.

“Mientras algunos casos se resuelven en menos de 24 horas, otros permanecen congelados”, escribió, señalando que esta situación ha permitido chantajes, negociaciones políticas y exclusión de quienes son considerados adversarios.

López cuestionó quiénes influyen en las decisiones judiciales y advirtió que continuará denunciando lo que considera una “justicia selectiva” que pone en riesgo las garantías constitucionales y el futuro de quienes integran el órgano electoral.