El gobierno de Guatemala denunció este domingo que pandillas asesinaron a siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en ataques coordinados, como represalia por la negativa del Estado a negociar el traslado de cabecillas a cárceles de menor seguridad.

Los atentados ocurrieron un día después de que grupos de reclusos de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS‑13) tomaran como rehenes a 46 personas en tres centros penitenciarios del país, en un intento por presionar al gobierno para revertir medidas de endurecimiento carcelario.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lamentó la muerte de los policías y calificó los ataques como una respuesta “cobarde” de los grupos criminales ante las acciones estatales.
“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes (…) atacados cobardemente por estos terroristas”, declaró en conferencia de prensa.

Esta mañana de Domingo 18 de enero de 2026, se retoma el control de cárcel Renovación y someten al orden a alias El Lobo, máximo líder del barrio 18….Rehenes liberados. pic.twitter.com/nQxLKO3xlT

— Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) January 18, 2026

Las autoridades reportaron además 10 policías heridos y la muerte de un presunto pandillero durante los enfrentamientos.

Desde la mañana del sábado, los pandilleros mantenían retenidos a 45 custodios y a una psiquiatra, exigiendo el traslado de sus líderes a prisiones con medidas menos estrictas, demanda que el gobierno rechazó tajantemente.
“No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios”, afirmó Villeda.

En la madrugada del domingo, las fuerzas de seguridad retomaron el control del penal de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, liberando a nueve rehenes.
Los agentes ingresaron con tanquetas y gases lacrimógenos, logrando controlar el recinto en unos quince minutos, sin bajas entre rehenes o fuerzas de seguridad.

A pesar del operativo, los pandilleros mantienen retenidas a 28 personas en Fraijanes II y a nueve más en el Preventivo, en la periferia de la capital guatemalteca.

Las pandillas Barrio 18 y MS‑13, consideradas organizaciones terroristas por Guatemala y Estados Unidos, son señaladas de sicariato, extorsión y narcotráfico, y han protagonizado algunos de los episodios de violencia más graves en la región.