La cantidad de sacerdotes y religiosos que han sido forzados a salir de Nicaragua o impedidos de volver al país sigue en aumento. La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, en entrevista con LA PRENSA, detalló que esta semana sumó dos casos que no tenía registrados, aumentando así la cifra a un total de 306 exilios forzados y destierros de sacerdotes y religiosos.

Los dos casos que sumó la investigadora Molina corresponden a un sacerdote nicaragüense que tuvo que exiliarse en 2023, producto de la persecución orteguista que sufría al ejercer su ministerio en Nicaragua, y el otro a un religioso al que la dictadura orteguista le negó el ingreso al país.

Molina, a inicios de este mes denunció ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) que, hasta entonces, tenía registrados en su investigación Nicaragua: una Iglesia perseguida a 304 sacerdotes y monjas quienes se les desterró de Nicaragua, resaltando que muchos de estos “son expulsados o impedidos de entrar al país”.

Sacerdotes temen represalias contra sus familias

En el caso del sacerdote exiliado en 2023, Molina detalló que este pertenecía a la Arquidiócesis de Managua y salió del país por la persecución que sufría al ejercer su trabajo pastoral en la capital.

Mientras que en el caso del religioso a quien no le permitieron regresar el año pasado, la investigadora únicamente refirió que este volvía de un viaje pastoral cuando se le informó que no podía regresar a Nicaragua.

La letrada resaltó que en ambos casos no puede dar más detalles ya que ambas personas tienen temor de las represalias que la dictadura Ortega Murillo pueda perpetrar en perjuicio de sus familias que siguen en Nicaragua.

Arquidiócesis calla sobre exilio forzado de sus sacerdotes

La Arquidiócesis de Managua, hasta la publicación de este reporte, no se ha referido públicamente sobre el exilio forzado de sus sacerdotes. Sin embargo, quedó en evidencia que es eficiente en divulgar comunicados en los que aparentemente, en seguimiento a la línea oficialista del orteguismo, sale a desmentir que el régimen canceló las congregaciones religiosas y que desterró a sus miembros.

Esta semana, la Arquidiócesis divulgó una misiva en relación con las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, que ejercieron su trabajo pastoral por más de 20 años en Totogalpa, en la Diócesis de Estelí, luego que se denunciara públicamente que se les obligó a dejar su trabajo pastoral. La Arquidiócesis resaltó que se comunicaron con las hermanas y estas les informaron que «oficialmente se retiran de la Diócesis dado que la misión pastoral que habían asumido ha concluido».(laprensadenicaragua)