El informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), elaborado a partir del seguimiento del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), evalúa el desempeño del Congreso Nacional durante el período 2022–2026 y concluye que este se caracterizó por una crisis estructural sostenida, baja productividad legislativa, opacidad y debilitamiento de la institucionalidad democrática .

Desde su instalación en 2022, el Congreso enfrentó una grave crisis de legitimidad, marcada por la existencia simultánea de dos juntas directivas, lo que fracturó el orden parlamentario y sentó las bases de un funcionamiento irregular que nunca fue corregido.

🔴Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presenta una radiografía sobre la gestión legislativa durante el periodo 2022-2026. pic.twitter.com/CcM4RJ3hx4

— TSiHonduras (@TSiHonduras) February 4, 2026

A lo largo del período, se consolidó una concentración de poder en la Junta Directiva, limitando la deliberación del Pleno, la participación de las bancadas y el control político efectivo.

En términos legislativos, el informe identifica avances aislados, principalmente decretos necesarios para la administración pública, pero señala que no existió una agenda coherente de reformas estructurales en áreas clave como transparencia, justicia, sistema electoral o control del gasto público. Predominaron las oportunidades perdidas, reflejo de una falta de voluntad política para responder al mandato ciudadano.

El CNA documenta una caída progresiva en la producción legislativa, especialmente en 2023 y 2025, años marcados por parálisis funcional, escasas sesiones y alta inasistencia de diputados. Entre 2022 y 2025 se presentaron 1,691 proyectos de ley, de los cuales solo 404 fueron aprobados, con una mora legislativa promedio del 76%.

Además, se evidenció una asimetría en la iniciativa de ley, ya que el Poder Ejecutivo logró aprobar casi la totalidad de sus proyectos, mientras que las iniciativas de los congresistas tuvieron tasas de aprobación muy bajas.

El informe también resalta graves problemas de transparencia y rendición de cuentas, particularmente en el manejo del presupuesto, subvenciones y viáticos.

En 2025, el Congreso ejecutó más de L 1,429 millones, concentrados principalmente en sueldos, transferencias y viáticos, sin una relación proporcional con los resultados legislativos. Las subvenciones y ayudas sociales continuaron siendo uno de los rubros más opacos y vulnerables al uso discrecional.

En el cierre del período, el Congreso profundizó la confrontación política y protagonizó acciones consideradas atentatorias contra el orden democrático, como la simulación de aprobación de un decreto sin quórum en enero de 2026 para desconocer resultados electorales, hecho que el CNA califica como un intento de quiebre constitucional.

En conclusión, el CNA sostiene que el Congreso Nacional 2022–2026 comenzó y terminó en crisis, sin resolver su problema de legitimidad, alejándose del mandato ciudadano y dejando como legado un Poder Legislativo debilitado, costoso, poco transparente y desconectado de las necesidades del país. El informe advierte que, si no se corrigen estas fallas estructurales, el país corre el riesgo de reproducir el mismo patrón de deterioro institucional en futuros congresos .