El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, reveló un presunto y grave abuso de fondos públicos que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas, quien habría utilizado 310 mil dólares del Estado para financiar su defensa personal y la de otros funcionarios del gobierno anterior ante una demanda en Estados Unidos.

Contrato firmado un día antes de dejar el cargo

Aspra detalló que el 26 de enero, cuando Díaz Galeas aún ocupaba la Procuraduría General de la República (PGR), firmó un contrato con un bufete estadounidense por 310,000 dólares, pagados por adelantado con recursos estatales.

El objetivo del contrato era que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil interpuesta por un ciudadano norteamericano o, en su defecto, solicitar el traslado del caso a Washington.

La demanda no era contra el Estado, sino contra funcionarios a título personal

El actual procurador subrayó que la demanda no estaba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos:

• Manuel Díaz Galeas (exprocurador)
• El fiscal general
• Otros miembros del gabinete del gobierno de Xiomara Castro

“Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero de las arcas del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal”, afirmó Aspra.

MP no puede investigar porque el fiscal general es parte del caso

Aspra explicó que el Ministerio Público no puede conocer el expediente, ya que el fiscal general figura como demandado y habría sido beneficiado con la defensa pagada con fondos públicos.

“Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para que se deduzcan responsabilidades”, señaló.

El procurador también advirtió que el monto pagado podría estar inflado, ya que los honorarios serían desproporcionados para las gestiones realizadas.

“Preliminarmente se percibe que los valores están inflados. Estamos haciendo verificaciones en Estados Unidos sobre cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones”, indicó.

Aspra no descartó solicitar apoyo de agencias de Estados Unidos para rastrear el flujo del dinero y determinar si hubo irregularidades adicionales.

El señalamiento ya se perfila como uno de los episodios más delicados relacionados con el manejo de recursos estatales durante la administración anterior, y podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales.