El Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción absolvió este lunes a los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez, quienes enfrentaban acusaciones por tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios.

En el juicio oral también fueron absueltos los exempleados del TSC Karen Martínez, Santiago Reyes y Douglas Murillo, señalados en el mismo expediente.

Tras conocer el fallo, Rodríguez recordó que varios empleados del TSC fueron separados de sus cargos luego del requerimiento fiscal, pero que muchos optaron por renunciar “por honor”. Además, pidió al Ministerio Público actuar con mayor prudencia y analizar con rigor el funcionamiento interno del TSC antes de formular acusaciones.

Cuestionó que la Fiscalía los acusara de tráfico de influencias cuando —según dijo— el señalamiento original estaba relacionado con la supuesta destrucción de documentos. “Solamente cumplimos la orden de revisar una auditoría que había hecho la misma Fiscalía; se ratificó y se le dio la oportunidad para que procediera criminalmente contra una parte”, declaró.

Por su parte, el exmagistrado Pineda afirmó que “Dios hizo justicia” y lamentó que existan instituciones que acusen sin pruebas, dañando la imagen de las personas. También exhortó a los medios de comunicación a evitar publicar señalamientos sin sustento, para no afectar la reputación de los involucrados.

El caso se originó en noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en el departamento de auditorías del sector municipal del TSC. Según la acusación, empleados habrían destruido y ocultado documentos relacionados con finiquitos de varias alcaldías por órdenes superiores.

La Fiscalía aseguró que la ATIC incautó informes, pliegos de responsabilidad, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados que habrían sido presionados para alterar auditorías. Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas no acreditaban responsabilidad penal contra los acusados.

Con la absolución, el proceso queda cerrado en esta instancia, aunque el Ministerio Público aún puede valorar si presenta recursos posteriores.