Una Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, concedió este lunes una suspensión provisional a la decisión de una jueza de distrito que había bloqueado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.

La medida permite al gobierno federal, bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, avanzar de manera temporal con la cancelación del programa mientras continúa el proceso de apelación.

El panel de tres jueces resolvió de forma unánime a favor de la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que argumentó que tiene altas probabilidades de demostrar que la jueza de distrito carecía de jurisdicción o que la decisión de poner fin al TPS fue legal y basada en mejoras en las condiciones de los países beneficiados.

Antecedentes del fallo bloqueado

En diciembre de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson, del Distrito Norte de California, había anulado la terminación del TPS ordenada por la secretaria Noem. Thompson consideró que la decisión fue “preordenada”, no siguió los procedimientos administrativos adecuados y se apartó de prácticas históricas al establecer un periodo de transición de solo 60 días.

La terminación original del TPS había sido anunciada en 2025:

• Para Nepal, en junio (efectiva el 5 de agosto).
• Para Honduras y Nicaragua, en julio (efectiva el 8 de septiembre).

Las designaciones de TPS para estos países datan de décadas atrás: Honduras y Nicaragua desde el huracán Mitch en 1998, y Nepal desde el terremoto de 2015. En conjunto, protegían de la deportación y otorgaban permisos de trabajo a entre 60,000 y 89,000 personas.

Incertidumbre para los beneficiarios

Con la suspensión emitida por el Noveno Circuito, el fallo de la jueza Thompson queda en pausa, lo que reabre la incertidumbre para miles de migrantes que habían recuperado temporalmente sus protecciones.

El gobierno federal sostiene que el TPS es una medida temporal y que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal han mejorado lo suficiente para justificar su cancelación.

Por su parte, la National TPS Alliance —junto a beneficiarios individuales— mantiene el litigio alegando violaciones al procedimiento administrativo y posibles motivaciones discriminatorias en la decisión de la administración.

Lo que sigue

El caso continúa en apelación y podría tardar meses en resolverse de manera definitiva. Mientras tanto, los beneficiarios del TPS enfrentan un periodo de vulnerabilidad migratoria, a la espera de que los tribunales definan si la cancelación del programa se mantiene o vuelve a quedar bloqueada.

El DHS indicó que trabajará junto al Departamento de Justicia para avanzar en el proceso legal.