El Congreso Nacional aprobó en su primer debate una iniciativa de ley que retira los poderes administrativos absolutos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, y los traslada al pleno de magistrados, mientras se aprueba la futura Ley del Consejo de la Judicatura.

La medida, de carácter transitorio, busca que decisiones como nombramientos, traslados, rotaciones y asignaciones de jueces sean tomadas por mayoría del pleno y no de manera unilateral por la presidencia del Poder Judicial.

La propuesta fue presentada por el diputado liberal Francis Cabrera, quien argumentó que el objetivo es “restablecer el equilibrio interno” en la administración judicial y evitar concentraciones excesivas de poder.

Durante su gestión, la presidenta Rebeca Ráquel ha ejecutado traslados y rotaciones de jueces sin consulta al pleno, lo que ha generado críticas de organizaciones de sociedad civil que consideran estas acciones como arbitrarias y carentes de controles institucionales.

La iniciativa recibió el respaldo de las bancadas nacionalista y liberal, así como de los partidos Pinu-SD y Demócrata Cristiano (DC).

Desde Libertad y Refundación (Libre), el diputado Rafael Sarmiento señaló que su bancada deberá definir una postura de cara al segundo y tercer debate, donde se espera una discusión más profunda sobre el alcance de la reforma.