Propietarios de viviendas ubicadas a lo largo del río Grande, en el sur de Texas, denunciaron que el gobierno federal les ha dado un plazo de cinco días para decidir si permiten la construcción de un muro fronterizo en sus terrenos o enfrentarán un proceso de expropiación.

Entre los afectados se encuentra la profesora Nayda Álvarez, quien asegura que la nueva infraestructura atravesaría su jardín en la comunidad de La Rosita. Según explicó, el documento oficial le ofrece tres opciones: aceptar una compensación inicial, negociar la venta o servidumbre de su propiedad o, en caso de negarse, enfrentar la expropiación.

En la ciudad de Laredo, donde la mayoría de la población es hispana, al menos 60 propietarios recibieron notificaciones similares en febrero. Las viviendas, parques y senderos ubicados en la ribera del río forman parte del trazado proyectado para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la construcción de infraestructura física es necesaria para garantizar el “control operativo” de la frontera sur. El plan contempla muros adicionales, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección en sectores estratégicos.

Sin embargo, organizaciones civiles y activistas locales sostienen que la medida implica una apropiación masiva de tierras y afectará a comunidades históricas que han crecido junto al río. También advierten sobre posibles impactos ambientales y económicos, especialmente en actividades recreativas y comerciales vinculadas al acceso al agua.

Mientras tanto, algunos residentes expresan temor ante la posibilidad de perder sus hogares tras décadas de habitar en la zona. Otros evalúan asesorarse legalmente antes de tomar una decisión sobre la propuesta gubernamental.

El debate se produce en el contexto de nuevas políticas migratorias orientadas a reforzar la seguridad fronteriza y ampliar la infraestructura a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.