Zambrano: “Si hay 86 votos, se aplicará juicio político”


El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pidió este jueves calma y prudencia ante los llamados de distintos sectores que exigen la aplicación del juicio político contra funcionarios señalados de atentar contra la estabilidad democrática del país.

El titular del Legislativo recordó que, aunque la figura del juicio político está vigente en Honduras desde 2013, nunca ha sido aplicada, por lo que cualquier proceso debe desarrollarse conforme a la ley y con el respaldo necesario dentro del hemiciclo.

“Las cosas deben hacerse bien, no por emoción ni por venganza, sino con apego a la ley”, expresó Zambrano, al referirse al ambiente que —según afirmó— existe en el pleno para considerar esta herramienta constitucional.

Procedimiento y requisitos

De acuerdo con lo explicado por el presidente del Congreso, el proceso inicia con la presentación formal de una denuncia ante la Cámara Legislativa. Para que proceda, se requieren al menos 86 votos favorables.

Una vez aprobado, el funcionario señalado es suspendido de su cargo mientras una comisión especial realiza la investigación correspondiente. Posteriormente, el informe es presentado al pleno, que decide si procede o no la destitución.

Zambrano advirtió que, si se somete a votación un juicio político sin contar con los votos necesarios, el caso no podrá volver a plantearse en el término de un año.

Contexto político

El tema ha cobrado relevancia en medio de cuestionamientos sobre la actuación de altos funcionarios, especialmente en el marco del proceso electoral y las recientes tensiones institucionales.

El presidente del Legislativo también reafirmó el respaldo del Congreso a los operadores de justicia en la lucha contra el crimen, subrayando que, en caso de existir responsabilidades penales, corresponde al Ministerio Público actuar con diligencia.

Aunque no confirmó nombres específicos, Zambrano señaló que el juicio político podría convertirse en un tema inevitable en los próximos días, siempre y cuando existan las denuncias formales y el respaldo parlamentario requerido.


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