Organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos reaccionaron con firmeza tras reavivarse señalamientos contra el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, conocido como “Mini”, por la manera en que habría separado de su cargo a una trabajadora del Congreso Nacional de Honduras hace varios años.

La controversia volvió al debate público durante una sesión legislativa reciente, cuando el congresista liberal Jorge Cálix mencionó el caso de María Hernández, apodada “Mariita”, quien laboró más de una década como asistente en el Legislativo antes de ser cesada en la administración anterior.

Señalamientos en el hemiciclo

Según lo expuesto en el pleno, la excolaboradora habría sido despedida en medio de expresiones ofensivas y con la advertencia de no regresar al edificio parlamentario. Hernández confirmó posteriormente que recibió insultos en más de una ocasión.

En declaraciones brindadas a TSI, relató que el despido coincidió con una etapa personal compleja, marcada también por la pérdida de su madre. Aunque actualmente fue reincorporada al Congreso, sostiene que la experiencia dejó una huella difícil de borrar y que no fue la única trabajadora que enfrentó un trato similar.

Reacciones y condenas

Tras la difusión del testimonio, colectivos feministas calificaron el supuesto comportamiento como una forma de violencia verbal y un abuso vinculado al ejercicio del poder.

La defensora Honorina Rodríguez consideró que un funcionario público debe mantener una conducta acorde a su investidura y señaló que ese tipo de expresiones resultan inaceptables en cualquier espacio institucional.

En la misma línea, la abogada Selma Estrada manifestó que estos episodios reflejan prácticas arraigadas de descalificación y menosprecio, particularmente hacia mujeres dentro del ámbito político. Para las organizaciones consultadas, el caso no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una cultura que tolera agresiones en el entorno laboral público.

Debate en medio de discusión económica

El tema resurgió mientras el Congreso discutía la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, normativa que contempla la posibilidad de suprimir o fusionar dependencias estatales, así como reducir personal. Durante el intercambio, Cálix recordó despidos ocurridos en 2022 y cuestionó la postura de quienes ahora objetan eventuales recortes.

Mientras tanto, distintos sectores sociales continúan exigiendo que los servidores públicos actúen con respeto y responsabilidad, especialmente cuando sus decisiones inciden directamente en la estabilidad laboral y la dignidad de los trabajadores.