El presidente Nasry Asfura inició su gestión con una amplia reorganización del sector público, formalizada mediante un Decreto Ejecutivo PCM compuesto por 25 disposiciones, cuyo objetivo es simplificar la estructura estatal, recortar gastos administrativos y suprimir funciones repetidas dentro del Gobierno.

La normativa fue oficializada este sábado a través del diario oficial La Gaceta y marca el primer paquete de decisiones adoptadas tras la instalación del Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero.

Dependencias que dejan de operar

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas). Según el Ejecutivo, sus competencias coincidían con atribuciones ya ejercidas por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), lo que generaba costos adicionales. Las responsabilidades vinculadas a infraestructura comunitaria serán trasladadas a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

🔴➡️Publicado en La Gaceta la eliminación de diversas instituciones del Estado. pic.twitter.com/TfFfhiPvEL

— TSiHonduras (@TSiHonduras) March 1, 2026

También desaparece la Secretaría de Planificación Estratégica, entidad bajo la cual operaba Canal 8. De igual forma, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia (Sedespa) queda fuera de la estructura gubernamental, al determinarse que sus funciones podían integrarse a otras áreas ya existentes.

En el sector habitacional, el Fondo Social de la Vivienda (Fosovi) pierde su carácter autónomo y será incorporado a la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos. La Comisión Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos dejarán de funcionar como órganos independientes y pasarán a depender directamente de esa cartera.

Otro de los ajustes es la supresión del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), restableciendo el esquema institucional definido en el PCM-84-2020.

Intervenciones administrativas

El decreto además ordena procesos de intervención en varias entidades estatales, entre ellas el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el SANAA y las instancias vinculadas a ciencia y tecnología como SENACIT y el IHCIETI.

La medida también alcanza al Ferrocarril Nacional de Honduras, al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), al Instituto de Crédito Educativo (EDUCRÉDITO) y al Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las comisiones interventoras serán designadas por el mandatario mediante decretos específicos y deberán presentar informes en los plazos establecidos por la Ley General de la Administración Pública.

Derogaciones y nuevos lineamientos

Dentro del mismo paquete de decisiones, el Consejo de Ministros dejó sin efecto el PCM 13-2023, relacionado con el programa de Memoria, Verdad, Reparación y No Repetición impulsado por la administración anterior.

Asimismo, fue anulado el acuerdo PCM 30-2025, que otorgaba reconocimiento de antigüedad laboral a empleados que pasaron de contrato a nombramiento para efectos de prestaciones.

Estas disposiciones reflejan un cambio en la orientación administrativa del Ejecutivo frente a iniciativas promovidas en el período previo.

Creación de nueva instancia

En paralelo a las eliminaciones, el Gobierno dio luz verde al Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, adscrito directamente a la Presidencia. Esta instancia tendrá la tarea de coordinar procesos de descentralización junto con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos municipales.

Con este decreto, la administración de Asfura plantea una reorganización integral del Estado orientada a concentrar funciones, reducir estructuras paralelas y redefinir la gestión pública.