La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), encabezada por el eurodiputado Francisco Assis, presentó hoy en una conferencia de prensa su informe final sobre las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

El informe, basado en más de dos meses de observación en todo el país, ofrece un análisis exhaustivo de todo el proceso electoral. De conformidad con su mandato, incluye 24 recomendaciones destinadas a reforzar y mejorar futuros procesos electorales. Estas recomendaciones se basan en los compromisos internacionales en materia de elecciones democráticas firmadas por Honduras.

Durante esta última visita a Honduras, la MOE UE se está reuniendo con los principales interlocutores del proceso electoral con el fin de intercambiar opiniones sobre el informe final y debatir formas de aplicar dichas recomendaciones.

En el evento, el jefe de la misión, Francisco Assis, declaró: “En un momento en el que existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformas electorales, las recomendaciones de la MOE UE pueden aportar una contribución constructiva al debate en curso», y añadió: «La Unión Europea está dispuesta a apoyar a Honduras en la aplicación de nuestras recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales».

El informe contiene 24 recomendaciones, siete de las cuales se consideran prioritarias:

1. Que el Congreso Nacional emprenda una reforma del marco legal electoral, con amplia antelación a las próximas elecciones, poniendo fin a las inconsistencias, corrigiendo las deficiencias en la legislación actual, y estipulando los plazos en los que las autoridades electorales deberán publicar los reglamentos, incluyendo a las instituciones electorales y la sociedad civil en todo el proceso de reforma.
2. Fortalecer la capacidad institucional, la independencia y la responsabilidad pública del Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar la injerencia de los partidos políticos y garantizar una administración eficiente, oportuna e imparcial de las elecciones, incluyendo salvaguardias internas para evitar la parálisis por motivos políticos.
3. Implementar una estrategia eficaz de comunicación institucional por parte del CNE que garantice una comunicación externa coherente y oportuna, para así fortalecer la confianza pública y mejorar la capacidad de respuesta ante la desinformación. Esto también debería incluir la publicación inmediata de todas las decisiones y la difusión continua de información de interés público, especialmente en los períodos preelectorales y postelectorales.
4. Crear un entorno mediático seguro y libre de intimidación para todos los actores, con una protección adecuada para los periodistas en situación de riesgo.
5. Garantizar la aplicación efectiva, por parte de los partidos políticos, de la normativa sobre paridad de género y de alternancia en todos los niveles de candidatura, respaldada por mecanismos de aplicación y sanciones en caso de incumplimiento.
6. Que las autoridades estatales y los partidos políticos adopten políticas y mecanismos para prevenir y abordar de manera efectiva la violencia política de género en la esfera pública y dentro de las estructuras de los partidos políticos.
7. Reforzar la apropiación y el control del CNE sobre la gestión de resultados, por ejemplo, desarrollando un sistema propio de gestión de resultados en lugar de depender de empresas proveedoras. El sistema resultante debe desarrollarse, probarse y auditarse con suficiente antelación a las próximas elecciones, y debe cumplir los más altos estándares de transparencia.

El 5 de marzo, la MOE UE organizará un conversatorio para debatir sus recomendaciones de cara a futuros procesos electorales con autoridades hondureñas, instituciones electorales, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Tras una invitación del Gobierno de la República de Honduras y del Consejo Nacional Electoral, la Unión Europea envió una Misión de Observación Electoral en Honduras para observar las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. La MOE UE estuvo presente en el país del 11 de octubre al 22 de diciembre y contó con 138 observadores procedentes de 26 Estados miembros de la UE, así como de Canadá y Noruega, desplegados por todos los departamentos del país.