El Ministerio Público de Honduras solicitó una condena que podría alcanzar hasta 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Soto, quien fue declarada culpable por cometer delitos sexuales en perjuicio de sus dos hijastros.

El caso ha generado fuerte indignación en la zona norte del país debido a la gravedad de los hechos y la corta edad de las víctimas, quienes tenían apenas ocho años cuando ocurrieron los abusos.

Durante el juicio, los agentes de tribunales presentaron pruebas periciales, científicas y testimoniales, con las que se acreditó la participación de la acusada en los delitos.

El tribunal determinó la culpabilidad de Romero Soto por dos delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas y un delito de violación calificada continuada.

Audiencia para definir la pena

La audiencia de individualización de la pena se realizará el 26 de marzo, fecha en la que la Fiscalía detallará su solicitud de condena.

Según el planteamiento del ente acusador, la pena podría oscilar entre 33 y 36 años de prisión, distribuidos de la siguiente forma:

De 15 a 17 años por el delito de violación calificada continuada

De 18 a 20 años por agresiones sexuales calificadas continuadas

Abusos durante visitas a su padre

Las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) establecen que la acusada aprovechaba los momentos en que los menores visitaban a su padre para cometer los abusos.

De acuerdo con el expediente judicial, Romero Soto realizaba tocamientos indebidos a la niña y posteriormente mantenía relaciones íntimas con el niño cuando este tenía 11 años.

El caso salió a la luz luego de que el padre de los menores descubriera los abusos y presentara la denuncia ante las autoridades.

Romero Soto fue capturada el 26 de mayo de 2025 por agentes de la ATIC.

Difícil acceso a beneficios penitenciarios

El portavoz del Ministerio Público en la zona norte, Elvis Guzmán, señaló que será complicado que la acusada pueda acceder a beneficios de preliberación, debido a la gravedad de los delitos.

Según explicó, tomando en cuenta la edad actual de la imputada —28 años—, podría recuperar su libertad hasta los 58 o 60 años, dependiendo de la pena que finalmente determine el tribunal.