El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, se pronunció sobre el proceso de juicio político iniciado contra el actual titular del Ministerio Público, Johel Zelaya, asegurando que el funcionario perdió la confianza de la ciudadanía.

Orellana consideró que, aunque Zelaya tenía la oportunidad de marcar una diferencia en el cargo, su gestión terminó siendo similar a la de otros fiscales. A su criterio, el proceso impulsado en el Congreso Nacional responde a posiciones divididas entre los diputados, ya que algunos actúan por motivaciones políticas, mientras otros consideran que hubo fallas en su desempeño.

El exfuncionario explicó que el juicio político tiene como finalidad determinar responsabilidad de carácter político y no penal, por lo que su principal consecuencia sería la destitución del cargo.

Entre las críticas, Orellana señaló que el Ministerio Público no avanzó en investigaciones relevantes, como los hechos vinculados a la destitución de magistrados en 2012, la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs), la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández y los llamados pactos de impunidad en el Congreso Nacional.

Asimismo, mencionó la falta de acciones en torno a declaraciones del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien aseguró conocer al militar responsable de incidentes ocurridos durante las elecciones primarias de marzo de 2025.

“El fiscal quedó debiendo en muchos aspectos, por lo que la destitución sería justificable”, sostuvo Orellana.

El exfiscal también descartó que Zelaya haya sido instrumento político del expresidente Manuel Zelaya, argumentando que ni siquiera promovió investigaciones sobre el golpe de Estado de 2009. Añadió que una de las decisiones más cuestionadas de su gestión fue la destitución del fiscal Luis Javier Santos.

Finalmente, Orellana señaló que el tema del juicio político contra el fiscal general se centra en la confianza, y diferenció este caso de otros, como el de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde considera que sí existen posibles delitos que deben ser investigados.