El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Poder Legislativo iniciará el proceso para eliminar el Fondo Social Departamental, un mecanismo históricamente señalado por su opacidad y por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos.

Zambrano calificó la decisión como un paso significativo hacia la transparencia y aseguró que responde a una demanda sostenida de organizaciones de sociedad civil, que durante años han denunciado el uso discrecional del fondo. “Será una fecha histórica para Honduras”, afirmó.

El titular del Legislativo explicó que la propuesta ya fue presentada ante el pleno e incluye una reforma constitucional y ajustes a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, con el fin de desmontar por completo un esquema que —según dijo— operó durante más de cuatro décadas sin controles claros.

Nueva modalidad de gestión social

Aunque el fondo desaparecerá, Zambrano aclaró que la labor social de los diputados no será eliminada, sino transformada. El nuevo modelo establece que los congresistas podrán gestionar ayudas, pero no administrarán directamente el dinero.

Las transferencias se canalizarán a través de instituciones y organizaciones comunitarias como escuelas, alcaldías, patronatos, juntas de agua e iglesias, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen de manera directa a los beneficiarios.

El presidente del Congreso adelantó que el sistema incluirá mecanismos de rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se distribuyen los fondos y quiénes resultan favorecidos.

Creación de una unidad administradora

Como parte de la reestructuración, se contempla la creación de una unidad especializada dentro del Congreso encargada de administrar y supervisar las ayudas sociales. Esta instancia será responsable de ordenar los procesos, verificar la ejecución y asegurar que los recursos se utilicen conforme a los criterios establecidos.

La derogación del Fondo Social Departamental abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso de fondos públicos y el rol de los diputados en la gestión de proyectos comunitarios, un tema que ha generado controversia durante años en el país.