El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) decidió cancelar los convenios que permitían el pago de brigadas médicas cubanas y venezolanas contratadas durante la administración anterior. La medida se tomó luego de una revisión interna que reveló transferencias por más de 67 millones de lempiras, realizadas bajo el esquema vigente en ese período.

Los acuerdos habían sido suscritos con la Secretaría de Planificación Estratégica (SEP) y la Secretaría de Salud (Sesal), con el objetivo de instalar centros especializados de atención en hospitales públicos. Sin embargo, según denuncias recogidas en informes de prensa, parte del personal extranjero no contaba con acreditación profesional clara, y no se documentaron de forma transparente los beneficios concretos que estas brigadas dejaron al país.

Cómo operaba el convenio

El esquema original establecía que los salarios del personal extranjero serían cubiertos por INJUPEMP y INPREMA, utilizando fondos pertenecientes a los aportantes de ambas instituciones. La SEP administraba los pagos al personal médico y auxiliar, además de la compra de equipo, mediante una unidad ejecutora de proyectos financiada con recursos transferidos por las instituciones participantes.

Posteriormente, la gestión de los fondos fue trasladada a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), siguiendo el modelo administrativo adoptado en ese momento.

Revisión y cancelación

Tras evaluar los procesos administrativos heredados y siguiendo lineamientos del actual Poder Ejecutivo, las nuevas autoridades de INJUPEMP resolvieron no continuar con el convenio. La institución informó que ya se inició un proceso de verificación e inventario de los bienes adquiridos bajo este esquema, en coordinación con los entes competentes.

El informe preliminar detalla transferencias por 67,067,564.659.07 centavos, realizadas conforme a los procedimientos vigentes en ese período. Aunque la cifra corresponde a montos ejecutados bajo el marco legal de entonces, la actual administración considera necesario esclarecer su uso y destino.