Tegucigalpa.– El Ministerio Público inició este miércoles la ronda de declaraciones a los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, un proceso que ha generado fuerte tensión política y nuevas acusaciones de persecución desde el partido Libre.

Los primeros en presentarse fueron Juan Barahona, Karen Vanessa Martínez y Silvia Ayala, quienes acudieron a la sede fiscal para responder por presuntas irregularidades cometidas durante el periodo en que la comisión fue presidida por Luis Redondo.

Barahona, al ingresar a las instalaciones, afirmó que el proceso tiene un trasfondo político y que las citaciones buscan “intimidar a la oposición”. Aseguró que actuó conforme a ley y que no teme a las investigaciones.

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👉Comienza desfile de ex diputados citados en el Ministerio Público por integrar la Comisión Permanente pic.twitter.com/qHnmq88vof

— CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) May 20, 2026

¿Qué investiga el Ministerio Público?

Las diligencias abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente. Algunos de ellos continúan ejerciendo como diputados, por lo que la Fiscalía aplicará el procedimiento especial para funcionarios con inmunidad, tal como establece la normativa vigente.

Entre los delitos en análisis figuran:

• Abuso de autoridad
• Violación de los deberes de los funcionarios
• Otros posibles ilícitos contra la administración pública, que podrían ampliarse conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales

Diputados citados

Ya fueron convocados:

• Luis Redondo Guifarro
• Juan Barahona
• Osman Danilo Chávez
• Carlos Raudales
• Karen Vanessa Martínez
• Silvia Ayala
• Linda Donaire

Y están pendientes de fecha y hora para comparecer:

• Hugo Noé Pino
• Luz Angélica Smith
• Fabricio Sandoval
• Kritza Pérez
• Sherly Arriaga
• Edgardo Casaña

⚡ Contexto político inmediato

La bancada de Libre ha denunciado públicamente que estas citaciones constituyen una “persecución política”, mientras que sectores del oficialismo y analistas jurídicos sostienen que se trata de un proceso necesario para esclarecer decisiones adoptadas por la Comisión Permanente, cuya legalidad ha sido cuestionada desde su origen.