El Ministerio Público dio un nuevo paso en la investigación relacionada con la sesión legislativa realizada el 8 de enero de 2026, al presentar una diligencia prejudicial ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que autorice la designación de un perito encargado de examinar el contenido audiovisual de esa jornada parlamentaria.

La petición forma parte del expediente que involucra al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como a once exmiembros de la Comisión Permanente, entre ellos exdiputados y legisladores en funciones. La investigación podría derivar en acciones penales si se determina la existencia de responsabilidades por presuntas irregularidades cometidas durante la aprobación del decreto 58-2025.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que el objetivo del análisis técnico es establecer con precisión qué decisiones fueron adoptadas durante la sesión y verificar el contenido del decreto aprobado ese día.

Según Mora, la revisión pericial permitirá reconstruir de forma objetiva el desarrollo de la reunión legislativa y esclarecer los acuerdos alcanzados, elemento que considera fundamental para el avance de las diligencias.

Uno de los puntos bajo investigación es la intención manifestada durante aquella sesión de impulsar un conteo o reconteo de votos correspondientes al proceso electoral de 2025, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había oficializado los resultados en diciembre de ese mismo año.

El portavoz precisó que, en esta etapa, las actuaciones del Ministerio Público se concentran exclusivamente en el estudio del material audiovisual, antes de adoptar nuevas determinaciones dentro del proceso investigativo.

El caso también involucra a otros exintegrantes de la Comisión Permanente y diputados que fueron citados por el Ministerio Público el pasado 18 de mayo para rendir declaración. Entre ellos figuran Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire, así como los congresistas Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Los exdiputados comparecieron el 19 de mayo, aunque se abstuvieron de declarar al argumentar que desconocían parte de la documentación relacionada con el expediente y solicitaron tener acceso al contenido de la investigación antes de brindar su versión de los hechos.

La investigación contempla posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos vinculados con la administración pública. El Ministerio Público indicó que las acciones que se adopten en adelante dependerán de los resultados del peritaje y del resto de las diligencias que continúan en desarrollo.