Ilustración cortesía de artículo 66

Las fricciones entre EE.UU. y El Salvador están lejos de disminuir. El más reciente capítulo de dardos cruzados ocurrió el fin de semana, cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, arremetió contra la política de seguridad aplicada en el país centroamericano.

«Condenamos el aumento de la violencia de pandillas y homicidios en El Salvador», escribió Blinken, tras instar al Gobierno de Nayib Bukele a «defender el debido proceso y proteger las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, reunión pacífica y expresión».

Como es habitual, Bukele no tardó en responder por la misma vía. En un tuit, el presidente salvadoreño aseguró que tenía un «amigo periodista» que querría tener acceso a la cárcel de Guantánamo para ejercer su derecho a la libertar de prensa y «comprobar si los detenidos han disfrutado de sus ‘libertades civiles’ y de un ‘debido proceso».

Bukele hizo alusión especialmente a Guantánamo, la cárcel estadounidense –ubicada en territorio cubano– que ha sido denunciada por su política de torturas, tratos viles y reclusión sin juicio contra personas acusadas de «terroristas».

Las críticas de Washington vienen a raíz del estado de excepción declarado a finales marzo por el mandatario salvadoreño para hacer frente a la violencia, después de que fuesen asesinadas 87 personas en un solo fin de semana, presuntamente a manos de las pandillas MS-13 y Barrio 18.

La medida ha dado como resultado la detención de 9.000 personas acusadas de pertenecer a esos grupos delincuenciales, y las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre presuntos excesos policiales en los operativos.

Bukele, por su parte, se ha centrado en mostrar los comentarios positivos de la población que defiende la política de seguridad, así como la reducción de la cifra de homicidios. Sin embargo, el pasado fin de semana reconoció que podría haber un margen de «error» de 1 % en las detenciones.

«Siempre habrá un 1 % de error que un sistema justo debe corregir. Pero queda claro que los pandilleros no saldrán libres, como pasaba antes. Hoy enfrentarán la ley», escribió el sábado, en aparente respuesta a las críticas. Según sus datos, los procedimientos erróneos habrían perjudicado a unas 85 personas.

En esa línea, agregó: «El porcentaje de errores en capturas siempre ha sido mucho mayor al 1 % en nuestro país. De hecho, siempre se capturó al inocente y nunca se tocó a los culpables. Ahora eso cambió. Pero en una operación tan grande, siempre habrá errores que corregir».

Extradición

Las razones detrás de las presiones de EE.UU. también tienen que ver con los detenidos, ya que muchos pandilleros están solicitados por la Justicia estadounidense. Sin embargo, la piedra en el zapato podría ser la reciente reforma judicial aprobada en la Asamblea Legislativa del bukelismo.

El domingo, mediante un comunicado, Blinken recalcó que su Gobierno «está preocupado por la violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la enmienda al Código Penal del 5 de abril por parte de la Asamblea Legislativa». Según la visión del secretario estadounidense, la ley promueve la censura en los medios y obstaculiza el rol de la prensa para informar «sobre corrupción y otros asuntos de interés público».

Pero para la prensa local, el problema de EE.UU. no solo se limita al tema de la libertad de prensa, sino que tiene que ver con el hecho de que en la enmienda del Código Penal el Gobierno no incluyó reformas relacionadas a los procesos de extradición de pandilleros. 

En el texto de Blinken, el secretario estadounidense insistió en que «ahora más que nunca» es imprescindible que El Salvador extradite «a los líderes de las pandillas para que enfrenten la Justicia en Estados Unidos», no sin antes recordar que, desde 2008, Washington ha destinado 411 millones de dólares «para ayudar al Gobierno salvadoreño a combatir la violencia» generada por esos grupos armados.

Lo que no dice el comunicado es que, desde el año pasado, el Gobierno de Joe Biden decidió cortar el financiamiento directo a las instituciones de la administración de Bukele para destinarla a organizaciones de la sociedad civil, en represalia por la polémica destitución de cinco magistrados y al entonces fiscal general, Raúl Melara.

Esa destitución, que fue ejecutada por la mayoría parlamentaria del bukelismo, dio paso al nombramiento de Rodolfo Delgado como fiscal general, quien a principios de este año pidió a la Corte Suprema de Justicia de su país la revisión del tratado de extradición que tiene El Salvador con EE.UU.

Según Delgado, se trata de «una normativa preconstitucional y que resulta, por lo tanto, necesaria la revisión de la constitucionalidad de la misma», lo que implicaría la negociación de un nuevo tratado. Su postura se supo en medio del dilatado proceso contra el pandillero Eliú Melgar Díaz, alias ‘Blue’, un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) que es requerido por las autoridades judiciales estadounidenses.(actualidad.rt.com)