La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este martes mantener vigente el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al rechazar una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba restringir ese beneficio para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con permanencia temporal en el país.

Con una decisión de seis votos contra tres, el máximo tribunal dejó sin efecto la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, al inicio de su actual mandato. La medida ya había sido bloqueada por tribunales inferiores, que la consideraron incompatible con la Constitución.

En su resolución, los magistrados concluyeron que los menores nacidos en territorio estadounidense, aunque sus padres no tengan un estatus migratorio regular o permanezcan temporalmente en el país, adquieren automáticamente la ciudadanía en virtud de la Decimocuarta Enmienda.

El fallo recuerda que esa disposición constitucional, aprobada en 1868 tras la Guerra de Secesión, fue creada para garantizar la igualdad de derechos de los antiguos esclavos y sus descendientes, estableciendo que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a la jurisdicción del país es ciudadana desde su nacimiento.

La administración Trump había defendido la orden ejecutiva argumentando que era necesario frenar el llamado «turismo de nacimiento», práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Pese a la mayoría conservadora de la Corte Suprema, la decisión reflejó una división inusual entre los magistrados, con tres jueces conservadores sumándose a los tres integrantes del bloque progresista para formar la mayoría. El tribunal también recordó que las únicas excepciones al derecho de ciudadanía por nacimiento corresponden a los hijos de diplomáticos extranjeros y a situaciones muy específicas relacionadas con comunidades indígenas históricas.

La resolución se conoce a pocos días de que Estados Unidos conmemore el 250 aniversario de su independencia y representa un nuevo revés judicial para uno de los principales ejes de la política migratoria impulsada por Trump.