El Poder Legislativo hondureño presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas que respaldan la constitucionalidad del juicio político que derivó en la destitución del fiscal general, Johel Zelaya, y autoridades electorales, anunció el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma.

Durante una reunión de la junta directiva y jefes de bancada, Ledezma detalló que los equipos legales preparan los argumentos para la audiencia del próximo 6 de agosto ante el organismo internacional.

El congresista enfatizó que el proceso cumplió estrictamente con la Constitución y la Ley de Juicio Político, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso de los exfuncionarios destituidos entre marzo y abril pasados (Marlon Ochoa del CNE, y Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez del TJE).

Según el secretario, de todos los citados, solo el exmagistrado Morazán compareció, mientras que el resto de los señalados no se presentó a pesar de recibir las notificaciones correspondientes.

La documentación que se entregará a la CIDH incluye las denuncias de origen y los registros de las audiencias públicas.

Reformas eléctricas

Por otra parte, la agenda legislativa abordó el avance de las reformas al subsector eléctrico y la revisión de contratos de suministro pendientes, derivados de una licitación realizada en 2025.

El encuentro contó con las explicaciones técnicas del gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña, y del presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, quienes aclararon que estos contratos responden a un trámite administrativo regular.

Ledezma hizo un llamado urgente a las fuerzas políticas para agilizar la discusión del dictamen energético, diseñado para frenar las pérdidas económicas de la ENEE.

Hasta el momento, solo la bancada del Partido Liberal ha manifestado su intención de entregar una contrapropuesta, por lo que el secretario instó al resto de los partidos a remitir formalmente sus observaciones para incorporarlas al análisis de la comisión dictaminadora.