En la actualidad, las democracias enfrentan un desafío distinto al de décadas pasadas. Ya no siempre desaparecen mediante golpes de Estado o intervenciones militares, sino a través de gobiernos que llegan al poder por la vía electoral y, una vez instalados, modifican gradualmente las reglas para concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales.

Este fenómeno ha vuelto a cobrar relevancia tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de eliminar la posibilidad de nuevas elecciones competitivas en Nicaragua, una medida que, para diversos analistas internacionales, representa la culminación de un proceso de erosión democrática iniciado años atrás.

Expertos en gobernabilidad y democracia coinciden en que el tránsito hacia un régimen autoritario rara vez ocurre de forma repentina. Por el contrario, suele desarrollarse mediante reformas legales, cambios constitucionales, control de las instituciones y restricciones progresivas a las libertades públicas, muchas veces bajo el argumento de garantizar estabilidad, seguridad o combatir la corrupción.

Un proceso gradual

Los especialistas advierten que las autocracias modernas no responden necesariamente a una ideología específica. Existen ejemplos tanto de izquierda como de derecha. Lo que las caracteriza es la creciente concentración del poder en torno a un liderazgo que reduce los mecanismos de fiscalización y limita la competencia política.

En estos procesos, el desgaste de la democracia suele alimentarse del descontento ciudadano provocado por problemas como la inseguridad, la desigualdad, la corrupción o la falta de respuestas estatales. Ese escenario facilita la aparición de líderes que prometen soluciones rápidas y concentran cada vez más atribuciones en el Poder Ejecutivo.

Principales señales de alerta

Diversos organismos internacionales y centros de estudios especializados identifican una serie de patrones que suelen repetirse cuando un sistema democrático comienza a deteriorarse:

• Construcción de una narrativa de crisis permanente, en la que el gobierno se presenta como la única alternativa capaz de salvar al país.
• Descalificación de la oposición, calificándola como enemiga del Estado o responsable de todos los problemas nacionales.
• Ataques contra la independencia judicial, mediante la sustitución o control de jueces, fiscales y tribunales.
• Captura de organismos electorales, debilitando su independencia y reduciendo la confianza en los procesos de votación.
• Hostigamiento a la prensa independiente, con campañas de desprestigio, demandas judiciales, restricciones económicas o cierre de medios.
• Restricciones al trabajo de organizaciones civiles, universidades y defensores de derechos humanos.
• Reformas constitucionales que permiten ampliar los períodos presidenciales o eliminar límites a la reelección.
• Uso de instituciones del Estado para perseguir adversarios políticos, periodistas o líderes sociales.
• Concentración del poder mediante el control de los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos.
• Procesos electorales cada vez menos competitivos, donde la oposición enfrenta obstáculos para participar en igualdad de condiciones.

Casos que ilustran el fenómeno

Durante las últimas dos décadas, varios países han sido señalados por organismos internacionales y expertos como ejemplos de procesos de autocratización.

Venezuela inició una profunda transformación institucional durante el gobierno de Hugo Chávez, con reformas que ampliaron el poder presidencial y modificaron el equilibrio entre poderes. Bajo Nicolás Maduro, organizaciones internacionales han denunciado restricciones a las libertades civiles, cuestionamientos a los procesos electorales y persecución contra opositores.

En Nicaragua, el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 estuvo acompañado por reformas que fortalecieron el control del Ejecutivo sobre las instituciones. Con el paso de los años se registró la cancelación de partidos políticos, el encarcelamiento o exilio de dirigentes opositores y restricciones a medios de comunicación y organizaciones civiles.

En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdoğan impulsó reformas que ampliaron considerablemente las facultades presidenciales tras el referéndum constitucional de 2017. Diversos observadores internacionales han advertido sobre el debilitamiento de la independencia judicial y las limitaciones a la libertad de prensa.

En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán promovió cambios constitucionales, reformas al sistema judicial y modificaciones en el funcionamiento de los medios públicos, decisiones que han generado constantes cuestionamientos por parte de la Unión Europea sobre el estado de derecho.

En El Salvador, varias organizaciones internacionales expresaron preocupación luego de que el gobierno de Nayib Bukele impulsara la sustitución de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general en 2021, así como posteriores reformas relacionadas con el sistema electoral y la reelección presidencial.

Fuera de América Latina también existen antecedentes relevantes. En Rusia, Vladímir Putin consolidó un modelo de poder altamente centralizado mediante reformas constitucionales que le permiten prolongar su permanencia en el cargo. En Bielorrusia, Alexander Lukashenko ha permanecido en el poder desde 1994 en medio de denuncias de fraude electoral y represión contra la oposición.

El papel de las instituciones

Especialistas sostienen que la fortaleza de una democracia depende de la existencia de instituciones independientes capaces de limitar el poder político. Poder Judicial, organismos electorales, parlamentos, entidades de control, prensa libre y sociedad civil constituyen elementos esenciales para evitar la concentración del poder.

También advierten que el debilitamiento democrático no suele producirse mediante un único hecho, sino por la acumulación de decisiones que, individualmente, pueden parecer legales, pero que en conjunto reducen la pluralidad política, restringen las libertades y dificultan la alternancia en el poder.

La experiencia de distintos países demuestra que la transición hacia un régimen autoritario suele ser un proceso gradual. Por ello, organismos internacionales, académicos y organizaciones defensoras de la democracia coinciden en que preservar la independencia institucional, garantizar elecciones competitivas y proteger la libertad de expresión son elementos fundamentales para evitar que gobiernos elegidos democráticamente terminen transformándose en regímenes autoritarios.(con infomación de lanacion.com)