Bolivia dignificó su diversidad lingüística cuando, en su nueva Constitución de 2009, elevó a 36 sus lenguas nativas a idiomas oficiales, junto al castellano.

La oficialización otorgó estatus a los idiomas y vino acompañada de una serie de prácticas para revitalizarlos, que fueron perdiendo fuerza y financiamiento a lo largo de los años hasta llegar al desalentador panorama actual.

La Unesco catalogó en 2018 a 30 de las 36 lenguas en peligro de extinción, un escenario que fue ratificado con las cifras del último censo, difundidas el año pasado: hay 12 idiomas originarios que tienen menos de 100 hablantes y otros tres que están prácticamente extintos.

Los datos del censo aseguran que aproximadamente el 30% de la población boliviana tiene un idioma indígena como el principal. Los más hablados son el quechua, el aimara —ambos de la parte occidental o andina del país— y el guaraní, originario de las tierras calientes o la zona oriental de Bolivia.

Entre las tres suman más de 2,2 millones de hablantes, de un total de 3,2 millones que aseguran tener una lengua indígena como materna. Sin embargo, incluso esas no están fuera del peligro de desaparecer por su uso limitado al hogar y a la alta edad de sus hablantes, de acuerdo con especialistas, como la sociolingüista Libertad Pinto.

“En términos generales, se puede decir que todas las lenguas indígenas en Bolivia están, en mayor o menor medida, amenazadas. Los lingüistas Mily Crevels y Pieter Muysken [en el libro Lenguas de Bolivia, 2009] pronostican que en el presente siglo sólo sobrevivirán del 10 al 20% de los idiomas nativos. Estamos hablando de entre tres y siete lenguas”, advierte Pinto, quien también es investigadora doctoral del Laboratorio de Investigación con Pueblos Tradicionales Amerindios y Afroamericanos de Brasil.

Lenguas rezagadas

Donde las lenguas indígenas han quedado más rezagadas es en la región más biodiversa del país, la que concentra 33 de los idiomas: las tierras calientes o bajas, que incluyen la Amazonia y los bosques secos del Chaco.

Los pueblos en la zona están dispersos en un vasto territorio, algunos casi aislados, con menos de 100 miembros en varios casos. Las comunidades han tomado la decisión de priorizar el castellano dentro y fuera de casa para unificar el territorio comunicacionalmente.

Las pautas para reconocer el estado de conservación de una lengua las dio la Unesco en 2003 con el documento Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas.

En la obra se determinan ciertos indicadores para medir el grado de vitalidad de los idiomas, como el porcentaje de hablantes nativos en relación con la población de un país, en qué ámbitos se usa la lengua, la creación de materiales de aprendizaje en lenguas indígenas o la transmisión intergeneracional.

Este último factor parece estar roto: la edad de los hablantes suele ser elevada y los más jóvenes, la mayoría de las veces, lo entienden, pero no lo hablan.