Más de 900 mil vehículos mantienen deudas pendientes por el pago de la tasa única vehicular, una mora que ya supera los 10 mil millones de lempiras, según cifras del Instituto de la Propiedad (IP), reflejando uno de los mayores retos para la recaudación fiscal vinculada al parque automotor del país.

Con el propósito de recuperar parte de esos recursos, el Congreso Nacional aprobó una amnistía de 60 días que permitirá a los propietarios cancelar las obligaciones correspondientes a 2025 y años anteriores sin multas, intereses ni recargos, beneficio que estará vigente hasta el 25 de agosto.

La medida busca incentivar la regularización de miles de contribuyentes que acumulan uno o varios años de atraso en el pago de la matrícula vehicular.

No obstante, la elevada mora también ha reabierto el debate sobre el destino de los recursos recaudados. Conductores consultados consideran que, aunque cumplen con sus obligaciones tributarias, las condiciones de las calles y carreteras continúan siendo deficientes.

Entre las principales quejas figuran el deterioro de la red vial, la presencia de baches y la falta de mantenimiento, factores que, según los usuarios, afectan diariamente la circulación y generan costos adicionales para los propietarios de vehículos.

El analista Luis León señaló que el debate no debe limitarse únicamente al cobro de la tasa, sino a la necesidad de garantizar que esos recursos se reflejen en obras visibles para la ciudadanía.

A su juicio, tanto las municipalidades como las instituciones responsables deben asegurar que los fondos provenientes de las tasas vehiculares se traduzcan en mejores carreteras y mayor seguridad vial.

Mientras el Estado busca recuperar más de L10 mil millones mediante la amnistía, persiste el reclamo de miles de conductores que demandan una mayor transparencia en el uso de los recursos y mejoras concretas en la infraestructura vial del país.