El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a unos 350.000 ciudadanos haitianos en Estados Unidos se ha formalizado, tras una orden de la jueza federal Ana C. Reyes que levanta el bloqueo judicial contra su terminación. La decisión, basada en un fallo de la Corte Suprema que limita a los tribunales de distrito en estos casos, revierte la protección contra deportaciones que heredó la administración Trump tras el terremoto de 2010 en Haití.

Medida revertida

Aunque en febrero se había bloqueado el fin del TPS, la jueza Reyes revirtió su postura para alinearse con la Corte Suprema de EE. UU., que en junio impidió a los tribunales de distrito decidir sobre estos estatus. Aunque el TPS expiró formalmente el 27 de julio, la resolución judicial era el último paso legal para confirmar la eliminación de la protección.

Décadas de beneficio

La abogada Jessica Bansal de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON) señaló que, sin las protecciones de los tribunales de distrito, los inmigrantes pierden el amparo práctico, confirmando el fin de un beneficio que ha mantenido a personas trabajando durante décadas. Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, calificó el hecho como la mayor revocación de estatus legal en la historia reciente del país.

Cambio de táctica

Activistas reportan un cambio en el proceder de ICE, que ahora cita a ciudadanos haitianos para instalarles monitores de tobillo o presionar por «autodeportaciones» en lugar de realizar redadas masivas. Solo en Springfield, Ohio, unas 50 personas han recibido grilletes electrónicos, advirtiendo abogados que la «autodeportación» no garantiza protección contra detenciones.

La revocación definitiva del TPS impacta la estabilidad laboral y de residencia de 350.000 ciudadanos haitianos en EE. UU.