El incendio que cobró la vida de seis integrantes de una familia en el bordo Esquipulas II volvió a poner en evidencia una realidad que durante décadas ha permanecido fuera del foco público: miles de hondureños viven sobre estructuras diseñadas para contener inundaciones y no para albergar comunidades.

Lo que comenzó con unas cuantas viviendas improvisadas a finales de los años ochenta se transformó con el tiempo en uno de los mayores asentamientos irregulares del país. Hoy, se estima que más de 20 mil familias habitan los bordos del Valle de Sula, aunque no existe un censo oficial que determine la cifra exacta.

Según explicó César Cárcamo, gerente regional del Valle de Sula de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), los bordos fueron construidos tras el paso del huracán Fifí en 1974 como obras de mitigación para contener las crecidas de los ríos y proteger a la población de futuras inundaciones.

Con el paso de los años, esas estructuras comenzaron a ser ocupadas por familias que buscaban un lugar donde vivir, dando origen a comunidades que crecieron sin planificación urbana ni acceso a servicios públicos permanentes.

La maquila aceleró el crecimiento

El auge de la industria maquiladora a finales de los años ochenta impulsó una fuerte migración del campo hacia San Pedro Sula. Miles de personas llegaron en busca de empleo y, ante la falta de opciones habitacionales, encontraron en los bordos el único lugar donde establecerse.

Con el tiempo, el fenómeno se expandió por efecto del crecimiento poblacional, el bajo costo de vivir en esos sectores y la cercanía con el centro de la ciudad, factores que continúan atrayendo nuevos habitantes.

Actualmente se estima que existen alrededor de 16 bordos en San Pedro Sula, entre ellos Río Blanco, Esquipulas, Guadalupe, Gavión, El Limonar, Nueva Esperanza, Santa Ana, Agua Azul y Las Brisas.

Comunidades fuera de la planificación estatal

Al tratarse de zonas consideradas legalmente inhabitables, los bordos permanecen prácticamente fuera de la planificación pública.

Sus habitantes carecen de infraestructura básica dentro de las comunidades, como escuelas, centros de salud, calles urbanizadas y servicios permanentes, por lo que deben desplazarse a otros sectores para acceder a educación, atención médica y otros servicios esenciales.

A esta situación se suma la falta de estudios oficiales sobre la población que reside en estos asentamientos, lo que dificulta la formulación de políticas públicas específicas para atender sus necesidades.

Pobreza, discriminación y riesgo permanente

Las viviendas, construidas principalmente con madera, láminas, plástico y materiales reutilizados, conviven con conexiones eléctricas improvisadas y estrechos pasillos que dificultan el ingreso de ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos durante emergencias.

El representante de CASM advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de incendios y otros accidentes, además de profundizar problemas sociales como el hacinamiento, el desempleo, el embarazo adolescente y la violencia.

A ello se suma la discriminación que enfrentan muchos residentes al buscar empleo o acceder a oportunidades educativas, debido únicamente al lugar donde viven.