La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) analizó junto al sector empresarial los alcances de la nueva normativa que prohibirá en Honduras la importación de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

El tema fue desarrollado durante un webinar en el que participaron más de 300 empresas, con la exposición del comisionado presidencial de Comercio Exterior, Melvin Redondo, quien explicó las disposiciones contenidas en el Decreto PCM-014-2026 y los procedimientos que deberán seguir los importadores para cumplir con la regulación.

Redondo informó que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) trabaja en la elaboración de la lista de mercancías sujetas a la prohibición, la cual podría publicarse entre el 16 y 17 de agosto.

Una vez divulgada, comenzará un período de 30 días de transición antes de que la medida entre en vigor, plazo durante el cual las empresas podrán revisar sus procesos y realizar los ajustes necesarios.

Controles basados en evidencia

El funcionario aclaró que la normativa no implica un bloqueo general a las importaciones provenientes de determinados países, sino que la restricción se aplicará únicamente cuando existan elementos que vinculen una mercancía con prácticas de trabajo forzoso.

Para ello se evaluarán criterios como el código arancelario del producto, el país, territorio o región de origen y, cuando corresponda, el productor o la cadena de suministro.

La STSS será la institución encargada de elaborar y actualizar la lista utilizando información de organismos especializados y fuentes internacionales confiables.

Aduanas aplicará la nueva regulación

Cuando la prohibición entre en vigencia, la Administración Aduanera de Honduras incorporará la información a su sistema de gestión de riesgo para identificar las mercancías sujetas a la medida durante los controles fronterizos.

En los casos que correspondan, los productos podrán ser reexportados o destruidos, mientras que los costos derivados de estas acciones serán asumidos por el importador, propietario o consignatario, según establece el decreto.

Empresas deberán revisar a sus proveedores

Redondo recomendó a las empresas iniciar desde ahora procesos de debida diligencia para verificar el origen de sus productos y documentar adecuadamente sus cadenas de suministro.

Por su parte, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó la importancia del período de transición de 30 días, al considerar que permitirá a las empresas revisar sus proveedores, evitar sanciones y adaptarse oportunamente a la nueva regulación.