*** Déficit de casas, un lastre que agobia a miles de hondureños

** Desde colonias del INVA, no se han impulsado proyectos de gran impacto

** Con $400 millones del CAF, Banhprovi prestará para viviendas 

 -Segunda parte-

Por: Redacción Contextohn

La falta de viviendas es un lastre que los diferentes gobiernos han tratado de subsanar en Honduras, existiendo a la fecha un déficit de 1.7 millones de unidades habitaciones, según datos de organismos especializados.

Para ello se ha apelado al concurso del sector privado, incluyendo bancos y financieras y, por supuesto, los desarrolladores o empresas constructoras, subsistiendo la necesidad de articular y poner en práctica esfuerzos conjuntos que contribuyan a contrarrestar la problemática.

Por décadas, el problema ha persistido en detrimento de una gran mayoría del pueblo hondureño que hoy día sigue sin poder acceder a una vivienda al menos de tipo social y miles de familias se juegan la vida pagando onerosos alquileres de cuartos, casas o apartamentos o viviendo en hacinamiento en condiciones infrahumanas. 

Ahora que la administración del presidente Nasry Asfura (2026-2030), se propone ejecutar al Plan Nacional de Inclusión Financiera para Vivienda, a través del Banhprovi, los constructores demandan una efectiva participación en la ejecución de proyectos, mediante una disponibilidad continua de recursos.

El Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobó en sesión de Directorio, en Ciudad de México, al gobierno hondureño un préstamo de 400 millones de dólares para el Banhprovi.

EL INVA Y COLONIAS

La historia registra que hasta antes de los años 50 del siglo pasado poco o nada se había hecho en materia de vivienda por parte de los gobiernos y tampoco existían condiciones para solucionar colectivamente problemas de saneamiento, electrificación y equipamiento social de una vivienda.

Debido a que los municipios contaban con bastantes reservas de tierras ejidales y los propietarios privados vendían lotes a precios accesibles la vara cuadrada, como en el caso del Distrito Central, para esos años lo único favorable era la posibilidad de adquirir terrenos y construir casas por cuenta propia con adobes, ladrillos, bloques o madera.

Al amparo de políticas del Estado benefactor, el 1 de enero de 1957 fue creado el Instituto Nacional de Vivienda (INVA), mediante el decreto número 30, con el objetivo de ejecutar proyectos estatales de viviendas de interés social para familias de escasos recursos económicos.

De esta forma, se marcó el comienzo formal de las políticas organizadas de vivienda en el país y se impulsaron complejos habitacionales en la capital hondureña, como las colonias “John F. Kennedy”, 21 de Octubre y San José del Pedregal, entre otras.

FEHCOVIL Y SINDICATOS

Luego apareció la participación social en la construcción de casas con la Federación Hondureña de Cooperativas de la Vivienda Limitada (Fehcovil) y colectivos como la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y el Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco).

Entre 1968 y 1986, la Fehcovil fue una solución para miles de familias con proyectos habitacionales bajo el sistema de cooperativas, como la colonia del mismo nombre, mientras que la Fesitranh impulsó su colonia en el sector norte de San Pedro Sula y la Sitraterco en dos sectores, uno en La Lima, Cortés y otro en El Progreso, Yoro, para los trabajadores bananeros.

En la década de los años 70 se crearon los institutos de previsión social que han impulsado importantes proyectos habitacionales para sus afiliados, mientras que en los 80 se registraron ocupaciones de hecho o invasiones de terrenos que dieron origen a colonias emergentes en varias ciudades del país.

El Injupemp impulsó en los años 90 el proyecto de Ciudad Mateo, envuelto en alegados vicios de corrupción, incluso que fue erigido dentro de la zona de reserva y subcuenca del río Guacerique, que alimenta directamente a la represa Los Laureles.

El embalse abastece agua potable aproximadamente al 30 por ciento de la población capitalina (Tegucigalpa y Comayagüela).

Según diversas fuentes bibliográficas, en esa misma década, debido a las políticas de corte neoliberal, el INVA fue cerrado y se creó el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), dándole un rol preponderante a la iniciativa privada en la construcción de viviendas con cierto acompañamiento estatal que urge de una mayor proyección e impacto en el sector.

LEY DE VIVIENDA

Frente a la problemática, en el año 2000 se empezaron a mover de mejor manera todos los actores, generando conciencia entre las autoridades del Congreso Nacional y se aprobó la Ley de Vivienda, ya que antes funcionaban de forma dispersa 19 oficinas o instituciones encargadas del rubro.

La Ley de Vivienda fue un trabajo consensuado entre el sector público, privado y sociedad civil también, pero no se pudo darle seguimiento porque no había un reglamento, ya que las autoridades no creían que esa normativa iba a funcionar y, entonces, prácticamente el tema quedó abandonado.

Como resultado, el 1 de abril de 2005, el Fonaprovi se transformó en el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), mediante decreto 6-2005, como intermediario para obtener fondos y apoyar tales rubros y, además, el 6 de septiembre de 2013 entró en vigencia el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), por decreto 107-2013.

Sin embargo, el Banhprovi ha adolecido de un apoyo contundente para que realmente pueda incidir en la reducción del déficit habitacional.

LA CHICO Y DÉFICIT

Igual, las empresas constructoras aglutinadas en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), organización creada en 1968, han hecho esfuerzos por coadyuvar en el objetivo de reducir el déficit habitacional, pero a ciencia cierta ha faltado voluntad política para darle un mayor respaldo y dinamismo al rubro.

Bajo su lema «Construir es progresar», con más de 500 empresas afiliadas, entre proveedores, fabricantes y contratistas, la Chico alerta que el déficit habitacional en Honduras alcanza 1.7 millones de viviendas.

Es una brecha que exige la construcción de 900,000 casas nuevas y mejorar 800,000 unidades actuales, sobre todo porque la demanda crece en unas 45,000 familias cada año.

INDUSTRIA URGE FONDOS

La industria de la construcción es impulsada prácticamente en un 65 por ciento por el sector vivienda que genera arriba de los 5,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), sobre todo por la construcción de vivienda de clase media, vivienda social y de residencias.

“Entonces, es una actividad económica que merece más atención por parte del gobierno”, demandó Larios, para referir que por lo menos “tenemos que estar construyendo 50,000 unidades, por decirlo así, cada año y con esto vamos a ir reduciendo un poquito el déficit”.

Al respecto, refirió que ahora que el CAF, aprobó al gobierno del presidente Asfura un financiamiento por 400 millones de dólares para el Plan Nacional de Inclusión Financiera para Vivienda, los desarrolladores de proyectos urgen que realmente se trabaje de forma conjunta.

COORDINACIÓN CONSTANTE

Larios indicó que tiene buenas referencias del presidente de Banhprovi, ingeniero Sergio Amaya, quien en gobiernos anteriores se ha desempeñado en el programa de Convivienda, como también de la titular de la nueva Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos, la exdiputada Francis Argeñal, aunque obviamente el tiempo dirá si su gestión fue buena o mala.

El director de la Chico consideró que ambos funcionarios deberán “hablar con desarrolladores de proyectos de vivienda, porque lo que necesitamos es estimular esa confianza dentro de los desarrolladores para que vayamos construyendo más vivienda social”.

“El desarrollador no va a construir un proyecto, no va a tener en inventario cientos de millones de lempiras, si no hay seguridad de los fondos que se van a utilizar para acceder a esos recursos a través de Banhprovi”, precisó.

Lo ideal es que haya continuidad en la asignación de recursos para que los constructores y familias beneficiadas no tengan que estar pagando tanto en intereses a los bancos, sino las cuotas establecidas.

“Aquí se tiene que apoyar el sector privado, se construyen proyectos de vivienda social para poder reducir ese déficit habitacional, pero tienen que estar esos recursos”, enfatizó Larios.

El ejecutivo consideró que en el caso de las constructoras que tengan proyectos en ejecución, una vez que salgan los fondos, pueden poner a la venta las casas de una manera mucho más pronta, “pero también no puedes culpar a los otros que no pueden desarrollar los proyectos porque es un riesgo sin recursos”.

Precisamente con el interés que el plan de vivienda tenga el éxito deseado, la Chico mantiene constante coordinación con la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos y Banhprovi.

INCLUSIÓN FINANCIERA

Al respecto, el titular de Banhprovi, Sergio Amaya, ha adelantado que el financiamiento representa un paso trascendental para fortalecer la política nacional de vivienda y ampliar la inclusión financiera en el país.

El funcionario reconoció que “obviamente las necesidades de la vivienda a nivel nacional son enormes y no va a ser este gobierno ni el que viene, el que va a resolver la problemática de vivienda en el país, pero ahora hay condiciones mucho mejores que antes”.

“Por ejemplo, ya existe la Secretaría de Vivienda y Banhprovi va a tener una fortaleza financiera que va a permitir, obviamente, financiar a muchas familias y, sobre todo, este programa que se va a implementar para generar mucho empleo”, afirmó.

En torno al apoyo crediticio del CAF, la ministra de Vivienda, Francis Argeñal, consideró que “el CAF ha dado el primer paso, consciente de las buenas señales que hemos mandado hacia afuera. Es un gobierno en el que hay credibilidad y confianza, y eso es lo que ha visto el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe”.

El principal objetivo del programa será facilitar el acceso a vivienda social a familias que no poseen una casa y que tienen la capacidad de asumir un crédito habitacional, corroboró.

SE NECESITAN RECURSOS

Con todo, Larios remarcó que es necesario que haya garantía de la disponibilidad de los recursos para ejecutar los proyectos, aunque reconoció que este 2026 no haya tanta actividad, porque para el gobierno ha sido un año decorrección y “terminar proyectos que fueron heredados del gobierno anterior”.

Refirió que el mismo presidente Asfura afirmó que en 2027 no tendrá excusas para generar trabajo masivo a través de la inversión productiva, en infraestructura, en vivienda. sobre todo porque ha sido un constructor.